Los
gobiernos de Argentina, España y México concretaron un principio de
acuerdo para compensar la expropiación del 51 por ciento del paquete
accionario de YPF, ocurrida en abril de 2012, el cual estará sujeto
a ratificación de los máximos órganos rectores de Repsol, informaron
fuentes del Ministerio de Economía.
Ese lunes se encontraron en la ciudad de Buenos
Aires el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José
Manuel Soria; el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya Austin; el ministro de Economía y Finanzas Públicas de
Argentina, Axel Kicillof; y el secretario Legal y Técnico de la
Presidencia, Carlos Zannini.
También estuvieron presentes el titular de YPF,
Miguel Galuccio; el director general de negocios de Repsol, Nemesio
Fernández Cuesta; además de Isidro Fainé en representación de La
Caixa, y el embajador argentino en España, Carlos Bettini.
Un comunicado oficial precisó que el principio de
acuerdo implicará fijar el monto de la compensación y su pago con
activos líquidos, logrando que ambas partes desistan de las acciones
legales en curso.
Igualmente, las partes coinciden en que el presente
principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los
históricos vínculos entre los tres países y sus empresas.
Por su parte, la empresa española anunció que se
"someterá el principio de acuerdo propuesto a la consideración de su
Consejo de Administración, que deberá pronunciarse sobre sus
términos y condiciones".
De acuerdo al texto, el posible pago de una
compensación por la expropiación de las acciones de Repsol obligaría
a la compañía española a retirar una solicitud de arbitraje
presentada en diciembre pasado ante el Centro Internacional para el
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Asimismo, Repsol debe desistir de las medidas
cautelares presentadas ante ese mismo organismo por el acuerdo entre
YPF y Chevron, al que la empresa de origen español calificó de
"ilegítimo" por considerar que "pone en peligro la integridad de la
restitución".
El instrumento jurídico permitirá abrir la última
etapa del proceso de nacionalización de YPF emprendido por la
presidenta Cristina Fernández, mediante el envío de un proyecto de
ley, el cual finalmente fue sancionado por el Congreso argentino el
3 de mayo de 2012.