La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacdh) expresó hoy preocupación por la violencia de los últimos días en Libia, y condenó la muerte y el encierro de manifestantes pacíficos.

En una nota de prensa, la vocera Ravina Shamdasani demandó a las autoridades libias "una pronta e imparcial investigación sobre los hechos, y que los responsables de las ejecuciones y los abusos de los derechos humanos sean llevados ante la justicia".

El pasado viernes, miembros de la milicia de Misrata dispararon en Trípoli con ametralladoras pesadas y fusiles de asalto contra los participantes en una marcha convocada por el ayuntamiento para demandar su salida de esta capital, ataque que dejó más de 40 muertos y cientos de heridos.

Aunque casi todas las víctimas fatales se produjeron ese día, han ocurrido otras en jornadas sucesivas, escenario que parece revelar una escalada en los choques armados, advirtió la portavoz.

La Oacdh denunció además el arresto de personas por brigadas paramilitares, por lo cual exigió "su inmediata liberación o procesamiento legal, con un trato humano, digno y garantías jurídicas".

Desde el derrocamiento en 2011, a partir de una agresión militar de la OTAN, del gobierno liderado por Muamar Gadafi, grupos armados se disputan el control de diversas regiones del país árabe, cuya riqueza petrolera siempre ha estado en la mira de las potencias occidentales.

Un frágil gobierno de facto, una economía endeble y un floreciente mercado negro de armas se combinan en la nación norafricana para provocar un panorama de inestabilidad, sobre el que llaman la atención organizaciones humanitarias, expertos y defensores de los derechos humanos.

A propósito de ese escenario de violencia sectaria, la Oacdh llamó a evitar el incremento de los enfrentamientos y a la adopción de un compromiso con el diálogo pacífico.

"Urgimos a todas las partes a evitar una escalada de violencia, y al gobierno le pedimos que renueve sus esfuerzos en sintonía con sus obligaciones bajo las leyes internacionales para garantizar el respeto al derecho a la vida y a la protesta pacífica", señaló la vocera.

Un día antes del asesinato de decenas de civiles, el Consejo de Seguridad de la ONU había analizado la situación en Libia, desde la óptica de la Corte Penal Internacional (CPI).

En la presentación del sexto informe de la CPI sobre el caso libio, la fiscal Fatou Bensouda advirtió que el actual escenario dificulta la gestión de su oficina, a la que en febrero de 2011 el Consejo refirió al país árabe, como parte entonces de las acciones para derrocar a Gadafi, quien fue asesinado. Según Bensouda, Libia vive marcada por los coches bomba, los secuestros y los asesinatos de funcionarios públicos y agentes de seguridad.

"También despierta gran preocupación que miles de detenidos continúen en condiciones de incertidumbre, con muchas y aparentemente bien fundadas alegaciones de torturas y hasta ejecuciones bajo custodia", dijo.