Hace exactamente un año se sentaron por primera vez a la mesa de
conversaciones en La Habana los representantes del Gobierno de Juan
Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
¿Cuál es el saldo de estos 365 días? No es fácil responder esa
pregunta. En primer lugar porque nadie conoce los pasos exactos para
llegar a la paz. Precisamente lo que se debate durante maratónicas
sesiones en el Palacio de Convenciones de la capital cubana es el
camino para alcanzar el fin del conflicto. Cada nuevo paso que dan
hace historia.
Lo que está más claro es cómo no se hace la paz. Los colombianos
han asistido a varios procesos infructuosos desde el primero,
durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio
Barco (1986-1990), hasta los de César Gaviria (1990-1994) y Andrés
Pastrana (1998-2002).
Los diálogos de La Habana están construidos a la sombra de esos
fracasos.
La actual experiencia de búsqueda de la paz solo se hizo pública
cuando ya se había debatido previamente una agenda de seis temas
para guiar las conversaciones. En el Caguán, con Pastrana, se
perdieron valiosos meses en alcanzar ese punto, mientras la ofensiva
mediática hacía trizas a ambos bandos.
Esta vez la sede es un tercer país neutral, Cuba, relativamente
aislado de los vaivenes de la política local y con un grupo reducido
de representantes por cada parte. Por el contrario, el Caguán fue un
ejercicio masivo con miles de guerrilleros por un lado y otros miles
de representantes del gobierno y la sociedad civil por otro en una
amplia zona desmilitarizada, porosa al conflicto nacional.
En Tlaxcala, México, Gaviria intentó a comienzos de los 90
construir algo fuera de las fronteras nacionales, pero en aquella
ocasión ni siquiera pasaron del establecimiento de una agenda.
Al fracaso del Caguán en el 2002 le siguió el ascenso al poder de
Álvaro Uribe con una agenda reacia al diálogo y centrada en una
solución de índole militar. Pero una década, miles de muertos y
miles de millones de dólares después, no se logró la aniquilación
del grupo guerrillero, a pesar de que se han utilizado contra ellos
las técnicas de guerra más avanzadas del mundo, desde drones hasta
espionaje satelital.
A la capital cubana se llega sin que ninguno de los dos bandos
haya podido ganar la guerra, pues tampoco las FARC-EP, y ellos
mismos lo han reconocido, están en la posición de tomar el poder por
las armas.
Es así como, una vez más, se impone a la inevitable vía del
diálogo.
Pero esto es mucho más complejo que una negociación a dos bandas:
resulta muy distinto hacer la paz, que construir la paz. Lo primero
se logra entre contendientes, lo segundo es tarea de toda una
nación.
El documento rector de las actuales conversaciones constituye un
gran avance en el sentido de ubicar la solución en los elementos del
sistema que en primer lugar dieron origen a la confrontación.
Los seis puntos de la Agenda abordan problemas históricos de la
sociedad colombiana como la desigualdad en la tenencia de la tierra,
las garantías para la participación política, los cultivos ilícitos
y los derechos de las víctimas.
No menos importantes son los mecanismos necesarios para la
verificación y refrendación del fin del conflicto. Aunque no se ha
llegado a ese punto ni existe un acuerdo en el cómo, ambas partes
coinciden en que es el pueblo colombiano el que debe dar la última
palabra.
La experiencia de un acuerdo entre gobierno y guerrilla sin tener
las condiciones creadas en la sociedad en su conjunto han sido
mortales. El recuerdo de los miles de militantes de la Unión
Patriótica —un partido nutrido de guerrilleros desmovilizados en los
80— está fresco en la memoria colectiva.
El balance de fuerzas actual en Colombia es distinto, pero no
menos complejo, más aún cuando se dialoga sin dejar de utilizar las
armas. Uribe está dedicado a tiempo completo a criticar el proceso
de paz que defiende el Ejecutivo. Pocos dudan que Oscar Iván Zuluaga
—el candidato por el Centro Democrático para las elecciones del
2014, que encarna la visión del exmandatario— pondría fin a las
conversaciones de La Habana de llegar a la Casa de Nariño.
En el otro extremo, son muy positivas las declaraciones del
recién nombrado comandante del Ejército, Juan Pablo Rodríguez,
respecto a que las Fuerzas Armadas protegerían a las FARC-EP en caso
de que se reincorporaran a la vida civil.
De cualquier modo, todas las conversaciones se construyen a
partir de lo que está dispuesto a dar cada bando, y esa es una de
las interrogantes claves que circundan al actual proceso.
Aún así, el Gobierno colombiano, las FARC-EP y la mayoría de los
analistas coinciden en que en La Habana se ha llegado más lejos que
nunca antes. Los dos principios de entendimiento en la problemática
agraria y la participación política son avances históricos que no
tienen precedentes.
Pero la mayor esperanza es, quizás, la voluntad de llegar a un
acuerdo final que han mostrado ambas partes, sincronizadas hasta
ahora con los relojes de toda Colombia que llevan años marcando la
hora de la paz.