La cruzada fiscalizadora del Gobierno venezolano se extendió a
redes comercializadoras de textiles, calzado, ferretería, juguetes y
vehículos, a fin de poner coto a la "inflación inducida" por
sectores que según la autoridades fomentan una guerra económica.
Al respecto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció
la creación de una fiscalía y de tribunales especiales para atender
en tiempo real los casos de especulación.
Maduro ha dicho que este operativo cívico-militar de alcance
nacional tiene como fin proteger el salario de los venezolanos y ha
advertido que continuará hasta que se estabilicen los precios.
La medida fue adelantada el miércoles último por el Jefe de
Estado dentro de un conjunto de acciones encaminadas a neutralizar
la "guerra económica", que el Gobierno nacional atribuye a factores
de oposición que pretenden desequilibrar el panorama interno.
Tanto el gobernante como su equipo han asegurado una y otra vez
que los parámetros macroeconómicos y la realidad estructural de la
economía venezolana no justifican la actual coyuntura del
desabastecimiento de ciertos productos y de inflación galopante.
Los fenómenos de escasez y abultamiento vulgar de precios que
tiene la economía real venezolana son políticos y responden a una
reacción en cadena de la burguesía para destruir a la revolución,
insistió Maduro.