LAURA BÉCQUER PASEIRO

Secretos celosamente guardados por 30 años vieron la luz en Argentina. El hallazgo de 1 500 carpetas con documentos de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) abre nuevas interrogantes en la historia reciente de la nación sudamericana.

Todavía no han sanado del todo las heridas abiertas por la última dictadura en Argentina.

La documentación ordenada cronológicamente con 280 actas originales apareció en un sótano de la sede de la Fuerza Aérea argentina, donde se supone que permanecieron las últimas décadas.

La coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, Paola Bianco, comentó a Granma que el hallazgo favorecerá "la política de Derechos Humanos inaugurada durante la presidencia de Néstor Kirchner con la anulación de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que otorgaron impunidad absoluta a los autores intelectuales y ejecutores de la dictadura argentina durante 30 años".

La analista política destaca el valor histórico de la documentación: "Prueba la existencia de un plan de terror sistemático cívico-militar cuyo objetivo final fue la implementación de un plan económico neoliberal que se proyectaba hasta el año 2000".

El anuncio oficial fue hecho por el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, quien indicó que los textos se desclasificarán totalmente en "un plazo máximo de seis meses". Sin embargo, adelantó que entre los documentos figura un "Plan de Acción" que divide en dos etapas los propósitos de gobierno de los represores, la primera hasta 1990 y la segunda hasta comienzos del siglo XXI.

Los militares argentinos, al mando del general Jorge Rafael Videla, elaboraron también "listas negras" en tres años: 1979, 1980 y 1982. En las mismas aparecían periodistas, intelectuales, artistas, militantes políticos y sindicalistas, escrupulosamente clasificados de Fórmula 1 a Fórmula 4, según la "complejidad".

Acorde con datos revelados este jueves por Rossi, en la Fórmula 1 los represores incluían a aquellos "sin antecedentes ideológicos marxistas"; la 2 era reservada para personas cuyos antecedentes "no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista". La Fórmula 3 era destinada para quienes registraban "algunos antecedentes ideológicos marxistas". En la última de las clasificaciones, la 4, estaban las personas que supuestamente tenían el mayor nivel de peligrosidad por sus "antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.".

Al menos 285 personas formaban parte de esa categoría, entre ellos los escritores Julio Cortázar, el director de cine Octavio Getino y el periodista Jacobo Timerman.

En esa etapa, las fuerzas castrenses que gobernaron de facto censuraron además canciones de Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Camilo Sesto, Mercedes Sosa, Manolo Galván, entre otros, por considerarlas "contrarias a la civilización occidental y cristiana", que ellos "juramentaron" defender a sangre y fuego.

También se encontraron actas que precisaban cómo referirse al tema de los desaparecidos en los medios de comunicación. En este sentido, se hallaron tres libros donde se registraban las solicitudes de las familias que querían conocer el paradero de sus hijos. Uno de esos pedidos fue el de Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, con dos hijos en esa situación.

Especial atención han recibido las 13 actas originales encontradas sobre la venta ilícita en 1976 de la compañía Papel Prensa, que, desde su fundación cuatro años antes, abastecía de ese material a unos 170 periódicos de todo el país. La familia Graiver, dueña de la empresa, fue detenida y su patrimonio expropiado. Posteriormente la Junta Militar entregó esos activos al diario La Nación y al Grupo Clarín, que actualmente es un conglomerado de multimedios de línea dura contra el Gobierno argentino.

Si la investigación de las carpetas halladas confirma que la venta de Papel Prensa fue hecha bajo presión y amenazas de muerte a los Graiver, entonces se ratificarían las sospechas de que Clarín se convirtió en accionista mayoritario de una industria estratégica para la comunicación en el contexto del terrorismo de Estado.

El titular de Defensa argentino resaltó que en los textos aparece el seguimiento "exhaustivo" de los represores a la familia Graiver entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1ro. de diciembre de 1977, pero será la justicia quien determine la relación.