Sergio Alejandro Gómez

Tardó cerca de cinco meses, pero el acuerdo sobre participación política alcanzado este miércoles entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), constituye un paso trascendental para poner fin a medio siglo de conflicto armado.

De izquierda a derecha, el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle; el garante noruego, Dag Nylander; el garante cubano, Rodolfo Benítez; y el líder de la delegación guerrillera, Iván Márquez.

En un comunicado conjunto emitido en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, las partes detallaron el alcance del consenso logrado en el punto dos de una agenda de seis.

Entre los aspectos claves en los que se llegó a un entendimiento están los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan tras el fin del conflicto.

De la misma manera se acordaron mecanismos democráticos para la participación ciudadana y la inclusión en la política de todos los sectores, incluyendo los más vulnerables.

Aclararon, sin embargo, que lo convenido hasta ahora forma parte un acuerdo más amplio que esperan finalizar pronto. El texto cita el principio que rige los diálogos de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Es decir, los avances particulares están atados a la consecución de la paz.

Aunque parcial, el éxito en un segundo punto después del acuerdo histórico logrado en mayo sobre la problemática agraria, lleva a la experiencia de La Habana a un territorio inédito en los múltiples diálogos de paz entre el Gobierno y la mayor guerrilla del país.

Para encontrar el referente más cercano habría que remontarse a las conversaciones con Belisario Betancur en la década de los 80, que alcanzaron su máximo desarrollo con la firma de los Acuerdos de La Uribe, centrados fundamentalmente en la cuestión política y la dejación de las armas.

De aquella experiencia salió el partido Unión Patriótica (UP), nutrido de guerrilleros desmovilizados, cuyo alcance se diluyó con el exterminio masivo de sus miembros en cifras que oscilan entre 1 000 y 4 000.

El jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, Iván Márquez, llegó incluso al Congreso de la República después de dejar las armas, pero como muchos otros tuvo que regresar a la guerrilla ante el riesgo para su vida.

Sin dudas, la cruenta historia de la UP pende sobre los debates actuales. Precisamente uno de los acuerdos divulgados ayer fue la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política sobre la base del respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión.

La repercusión trasciende a unas futuras FARC-EP integradas a la vida política nacional. De hecho, se plantea la convocatoria de un foro en Colombia con vistas a la creación de un estatuto de la oposición, un viejo anhelo para dejar claras las reglas del juego.

Otros aspectos en los que se avanza en esta ocasión son el reconocimiento de la necesidad de "cambios institucionales", incluido el sistema electoral, así como medidas concretas para "garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia y tolerancia", un tema sensible para una nación marcada por la violencia.

Igual de novedosa e interesante es la aproximación que se le ha dado al problema de la participación política de las regiones más afectadas por el conflicto armado, que históricamente han vivido al margen de lo que sucede en Bogotá. Se propone para ellas un sistema especial para aumentar su presencia en la Cámara de Representantes.

Colombia y buena parte del mundo tenían desde hace meses los ojos puestos en la mesa de paz de La Habana, y finalmente en el decimosexto ciclo de las conversaciones llegaron a nuevos resultados concretos. A su ritmo, los diálogos demuestran que caminan, y la paz está al menos más cerca que un año atrás.