Linet Perera Negrín

No quieren ser italianos, ni griegos ni españoles. Los inmigrantes somalíes, eritreos o etíopes solo dejan su país y su familia atrás por cuestiones políticas y económicas; se alejan de conflictos o huyen de un destino que se empeña en acabar con los más elementales sueños de vida.

La ruta del Mediterráneo Central es una de las más activas desde la guerra desatada por la OTAN contra Libia.

Eritrea, por ejemplo, es uno de los países menos desarrollados de la región y ha estado sometida a inestabilidades políticas desde que se independizó de Etiopía en 1993. Ha sido golpeada también por numerosas se-quías que han afectado la agricultura, actividad de la que depende el 80 % de sus seis millones de habitantes, quienes han iniciado éxodos masivos.

Mientras, la vecina Somalia tiene problemas similares, agravados por la guerra civil y la ausencia de un efectivo gobierno central.

Decenas de miles de personas parten de estos países que forman parte del Cuerno de África para atravesar el Mediterráneo rumbo a Europa.

Las peligrosas rutas que establecen para llegar allí los contrabandistas —que hacen millones de dólares con este letal negocio— cambian con el tiempo. Una de las más activas actualmente es la del Mediterráneo Central.

Aprovechando la inestabilidad causada por la guerra en Libia, con la autoría precisamente de Estados Unidos y la OTAN, la cifra de inmigrantes que utilizan esta vía se ha disparado hasta superar los 60 mil intentos anualmente, cuando antes del 2010 eran cercanos a cinco mil, de acuerdo con cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Fuentes especializadas cifran en más de 20 mil los muertos desde mediados de los años noventa hasta la actualidad, aunque el número puede esconder un drama mucho mayor de casos no reportados.

Sin embargo, solo ahora, con la lamentable muerte de cientos de inmigrantes durante el mes de octubre cerca de la isla italiana de Lampedusa (uno de los puntos más cercanos entre el Norte de África y Europa), la opinión pública del Viejo Continente parece haber tomado conciencia de la problemática.

Esta tragedia ocupó la portada de todos los medios y logró agitar a una Europa indiferente, que intenta quitarse responsabilidades con un presupuesto de 3 520 millones de euros entre el 2014 y el 2020 en programas como Frontex (Agencia Europea de Fronteras) y Eurosur (Sistema Coordinado de Vigilancia) para hacer impermeable su territorio.

La tesis de combatir el problema en las fronteras y no en el lugar donde se origina la migración continúa imponiéndose.

Tras la tragedia en Lampedusa, donde cada semana se reportan nuevos naufragios, la respuesta del gobierno italiano, que encabeza Enrico Letta fue el plan Mare Nostrum (en referencia al mar Mediterráneo).

El titular de Defensa de ese país europeo, Mario Mauro, dijo que la operación es una forma de "dar ejemplo claro y fuerte" sobre el control de la frontera exterior como base del accionar del gobierno, pero nada más.

En la última cumbre del Consejo Europeo, Letta pidió más ayuda a la Unión Europea para enfrentar la migración ilegal al considerar que su país es solo la puerta de entrada y la responsabilidad es de todas las naciones miembros. En el mismo sentido se pronunciaron España y Grecia, que enfrentan una situación similar.

Poco o nada se habló sobre soluciones a las dificultades que enfrentan las naciones africanas de donde provienen los migrantes, con las cuales además Europa tiene una deuda histórica por su explotación colonial.

En medio de la grave crisis económica que enfrentan los tres países europeos más involucrados (Italia, España y Grecia), esa no parece ser su prioridad.

El profesor y filósofo Santiago Alba Rico en su artículo Lampedusa: perseguir a los vivos, premiar a los muertos, denomina a la rutinaria abundancia de cadáveres cosechados en mares y desiertos en las fronteras de Occidente: "genocidio estructural".

Según Alba Rico, la idea de "genocidio estructural" implica, por supuesto, una acusación: las estructuras no se imponen solas, sino que necesitan decisiones políticas que las mantengan en marcha.

La desesperación de los africanos es el material que explotan las organizaciones criminales que controlan las rutas para el contrabando de personas. Las corrientes del Mediterráneo sumadas al uso de inestables embarcaciones y los propios traficantes son algunos de los peligros iniciales.

Por su parte, los náufragos varados en alta mar juegan una peligrosa ruleta rusa: ¿De quién es la responsabilidad de ayudar? ¿Qué país debe hacerse cargo de los inmigrantes?

Existen leyes que acusan al rescatador de promover la inmigración ilegal si tiene el objetivo de ayudar a las personas. Italia aprobó una ley en el 2009 que impone multas de cinco mil euros a sus ciudadanos por inmigración clandestina y la expulsión de los extranjeros. Mientras, la ley Bossi-Fini penaliza a quienes les brinden asistencia en alta mar.

Entretanto, aquellos que logran escapar de las autoridades de sus países de origen, evadir a los guardacostas y sortear la impetuosidad del océano, corren día a día el riesgo de ser capturados por las autoridades migratorias europeas y devueltos al punto inicial.

Hasta que los trámites se completen, los inmigrantes son ubicados en centros de detención, bajo condiciones pésimas de alimentación, atención médica, hacinados y a expensas de maltratos.