LAURA BÉCQUER PASEIRO

Más allá del debate mundial en torno al uso de alimentos modificados genéticamente, el eje de los reclamos contra la trasnacional Monsanto está centrado en la actualidad en sus prácticas monopólicas e ilegales, que han ocasionado graves daños al medio ambiente y la salud de las personas.

Monsanto es una de las empresas biotecnológicas líderes en proveer productos para la agricultura. Fundada en 1901 y con sede en Estados Unidos, controla gran parte del mercado mundial de semillas y cuenta con productos muy conocidos como el herbicida Roundup y el maíz genéticamente modificado MON 810.

A lo largo de los años Monsanto ha acumulado un historial de irregularidades que lo han convertido en una pesadilla. De acuerdo con la filial de Greenpeace en Méxi-co, la empresa produjo y comercializó el agente naranja, usado durante la guerra en Vietnam; el DDT y los PCB o askareles, químicos causantes de graves daños a la salud humana y al ambiente. Sobre esta empresa pesan, además, condenas por sobornar a autoridades para intentar introducir sus productos en diferentes mercados.

El investigador Jeffrey Smith explicó a Russia Today que los productos genéticamente modificados de Monsanto poseen altos niveles del herbicida Roundup que contiene glifosato, así como la toxina Bt usada contra los insectos, lo que provoca alteraciones en la salud.

"La toxina Bt la produce la bacteria cuyos genes introduce Monsanto a sus semillas. La toxina mata a los insectos provocándoles daños en su sistema digestivo. La empresa aseguraba que esto no iba a tener efectos en las personas; pero un estudio del 2012 de-muestra que la toxina es igualmente efectiva para destruir las células del organismo humano", agregó Smith.

Las garras de Monsanto han alcanzado a América Latina y el Caribe. Países como México, Brasil y Argentina, han sufrido los embates de la trasnacional. Por ejemplo, en la provincia argentina de Santa Fe, corazón de la producción de soja de la nación sudamericana, se prohibió rociar sustancias agro-químicas a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Sin embargo, los cultivos de soja de Monsanto se siembran y fumigan a 30 metros de las viviendas. Como resultado, los habitantes están expuestos a sustancias tóxicas que han incidido en el aumento de enfermedades como el cáncer.

En México fue conocido el caso del tribunal que suspendió la emisión de permisos a transnacionales como Monsanto, para la siembra de maíz transgénico. Varias organizaciones sociales consideraron que con esa medida no solo se evitan los daños ambientales o al ser humano, sino también se rompe con el monopolio de las trasnacionales de la biotecnología en la agricultura.

Las semillas que vende esta compañía son infértiles cuando se intentan cosechar por segunda vez, lo cual obliga a tener que comprar de nuevo el producto. De esa manera se aseguran que los productores sean dependientes de sus servicios.

Además, se han dado casos en los que Monsanto impone contratos restrictivos a los campesinos antes de venderles las semillas modificadas genéticamente. Estos acuerdos incluyen la compra de herbicidas facturados por la propia empresa, no ofrecen garantía del aumento de la cosecha y le da a la trasnacional el derecho a confiscar una parte de la cosecha.

Ello crea un círculo vicioso que ata de manos a los campesinos y le permite a Monsanto monopolizar el mercado. Así sucedió en el estado brasileño de Mato Grosso, don-de la Unión Rural Sinop, sindicato que re-presenta los intereses de los agricultores, demandó a la empresa, que se aprovecha de su posición favorable en el mercado como único proveedor de Intacta RR2 PRO (soja transgénica) para obligar a los agricultores a cumplir sus cláusulas.