LAURA BÉCQUER PASEIRO

Así están repartidos los curules en el Parlamento venezolano.

Es por ello que el Ejecutivo liderado por el presidente Nicolás Maduro se ha propuesto arrancar de raíz ese mal social, exacerbado por el modelo económico dependiente que se edificó a lo largo del siglo pasado sobre unas inmensas reservas de petróleo.

El propio mandatario solicitó al Parlamento hace dos semanas una Ley Habi-litante que le otorgue poderes especiales, "para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política, por una nueva vida republicana y por una nueva sociedad".

Al solicitarla destacó que "si la corrupción sigue perpetuándose no habrá socialismo porque no puede desarrollarse con estos antivalores". De esta forma, el Gobernante consideró que la Ley Habilitante "es un acto crucial, de vida o muerte, para hacer irreversible la vía venezolana al socialismo".

Maduro también subrayó la necesidad de activar este mecanismo constitucional para combatir la guerra económica orquestada por la derecha para desestabilizar el Gobierno.

El mandatario recordó que el líder bolivariano, Hugo Chávez, usó poderes especiales "para generar políticas públicas destinadas a defender al pueblo", al tiempo que resaltó que este instrumento puede transformar el país.

Efectivamente, no es la primera vez que en Venezuela se solicita una Habilitante. A Chávez le fue concedida en cuatro oportunidades. En 1999 fue aprobada la primera, que le permitió sancionar 53 decretos de ley para mejorar la economía del país. Fue cuando se creó el Fondo Único Social, se reformó parcialmente el decreto del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica, fue aprobada la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario y la Ley de Crédito para el sector Agrícola. Entre el 2000 y el 2010 también le fueron otorgados poderes especiales al entonces presidente.

Una muestra de que el Gobierno venezolano va en serio en su cruzada contra los delitos en el sector público sin miramientos de partidos políticos, es el proceso contra Edgardo Parra, alcalde de la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo, y miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. De acuerdo con la Fiscalía, Parra está siendo investigado tras una denuncia acerca de la existencia de irregularidades entre la alcaldía de Valencia en los contratos con cooperativas.

El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, destacó que con el caso de Parra se demuestra "la voluntad del presidente en abrir una lucha frontal contra la corrupción, indiferentemente del color, sea de cuello amarillo o de cuello rojo rojito".

Contradictoriamente, la oposición recalcitrante que tanto denuncia los casos de corrupción en los medios de comunicación bajo su mando, ha abierto una guerra frontal contra las intenciones del Gobierno bolivariano de resolver de una vez por todas esa situación.

El proyecto de ley es analizado actualmente en la Asamblea Nacional (AN), cumpliendo su segundo paso, luego de ser propuesto por el mandatario. Acorde con la Constitución venezolana, después que la junta directiva de la AN determina si el proyecto de ley cumple con los requisitos, procede a distribuirlo entre los diputados para su discusión en plenaria. Los parlamentarios debaten, por ejemplo, para qué y por cuánto tiempo se habilita al presidente de la República para legislar por decreto.

El tercer paso se efectúa después de haber sido aprobado en primera discusión, y es cuando la Habilitante es remitida a la Comisión Especial para que la misma analice la normativa y elabore un informe.

Dentro de los diez días siguientes se debe efectuar la segunda discusión del proyecto. El Artículo 215 de la Constitución establece que una vez que sea aprobada la ley en su segunda discusión, la pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.

La Habilitante es una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al Presidente a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo con las necesidades y emergencias del país. Es una Ley sancionada por la AN en las condiciones establecidas por la Constitución, por lo que debe cumplir con los procesos formales inherentes a la elaboración de una Ley, según reza el Artículo 203 de la Carta Magna.

Sin embargo, para ser aprobada necesita de las tres quintas partes de los asambleístas, o sea, 99 de los 165 asientos que hay en el Parlamento, donde 98 forman parte de la coalición gubernamental.