Freddy Pérez Cabrera

Quién lo duda. A la vista de todos abundan los basureros, el maltrato a la propiedad social, el fraude eléctrico, las violaciones de peatones y choferes en la vía, el desorden urbanístico y otros males, que como la mala hierba florecen por doquier.

Sin embargo, resulta contradictorio, y hasta alarmante, que lejos de incrementarse el número de multas impuestas por los inspectores y agentes encargados de hacer cumplir la ley, estas disminuyan de un año a otro, en un evidente signo del resquebrajamiento de la disciplina y la exigencia, en contraposición al reclamo de nuestra sociedad de rescatar las normas de buena conducta ciudadana.

En Villa Clara, por ejemplo, hasta el pasado mes de agosto se habían impuesto por los organismos correspondientes un total de 102 mil 34 multas, 3 850 menos que en igual periodo del año anterior.

Por si fuera poco, y como una manifestación de irresponsabilidad y de poca obediencia a lo legislado y a las normas vigentes en la sociedad, algunos ciudadanos que cometen infracciones han adoptado la posición de no pagar, encontrándose en ese caso un total de 11 087 personas, deudoras de un millón 995 600 pesos, de acuerdo con un informe entregado por la dirección de Finanzas y Precios en el territorio.

Es conocido que el procedimiento establecido para el pago de esas penalizaciones prevé un plazo de 30 días para saldar la deuda, a partir de cuya fecha y hasta los 60, el monto de la multa se duplica, y transcurridos los dos meses, es aplicada la llamada multa apremio, a través de la cual puede embargarse hasta la quinta parte del salario del inculpado, y si está desvinculado del trabajo, debe ser remitido a los tribunales.

En esta última situación se encontraban hasta el octavo mes del año un total de 4 596 infractores, según detalló Odalis León Canto, jefa del Depar-tamento de Multas de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, quien mencionó a Santa Clara, Camajuaní, Remedios, Santo Domingo y Ranchuelo, entre los territorios de peor situación en ese acápite.

Muchas pudieran ser las razones esgrimidas por los morosos o incumplidores para no acudir a tiempo a saldar esa deuda; sin embargo, nada justifica esa actitud. Ningún país puede darse el lujo de legislar y dictar normas para que luego las mismas sean incumplidas, sentenció Carmen Monteagudo Becerra, directora municipal de Finanzas y Precios en Santa Clara, el territorio más afectado por esa situación.

También resulta muy nociva, y hasta contradictoria, la tendencia de algunos a cancelar las medidas una vez impuestas, ya sea por mala confección de los modelos establecidos o por otros subterfugios no siempre transparentes, en cuyo caso están 2 038 penalidades que fueron eliminadas después de haber sido puestas.