Francia
reiteró hoy su negativa al ingreso de Bulgaria y Rumania en el
denominado Espacio Schengen, que permite la libre circulación de
personas, a pesar de que ambos países son miembros de la Unión
Europea (UE) desde 2007.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, Laurent
Fabius, ambas naciones carecen de los medios necesarios para
controlar sus fronteras y serían una puerta abierta a la migración
irregular de ciudadanos de terceros países.
Las declaraciones del funcionario ocurren en medio
de una polémica dentro y fuera del país por el tratamiento dado aquí
a la comunidad gitana.
Entre 15 y 25 mil inmigrantes de esa etnia,
procedentes sobre todo de Rumania y Bulgaria, habitan en unos 400
campamentos diseminados en el territorio galo, la mayoría en los
alrededores de esta capital.
Si bien son ciudadanos europeos, están privados de
acceso a empleo y carecen de servicios de salud, educación y
vivienda.
Recientemente, el titular del Interior, Manuel Valls,
declaró que la única solución a la permanencia de los roms, como
también se les denomina, es la destrucción sistemática de sus
campamentos y la conducción de sus habitantes hacia las fronteras.
Estas palabras levantaron una oleada de rechazo
dentro y fuera de Francia, sin embargo, tanto el presidente François
Hollande, como otros miembros del gabinete, expresaron su apoyo a
Valls.
Bulgaria y Rumania son miembros de la UE desde el 1
de enero de 2007 y sus habitantes pueden circular por el bloque con
un simple control migratorio en las fronteras, pero su tiempo de
permanencia está limitado por una cláusula de salvaguarda.
En el caso de Francia, pasados tres meses de su
ingreso deben tramitar un permiso de residencia y demostrar que
tienen suficientes recursos para vivir, que trabajan por cuenta
propia o estudian.
Si ambos países se adhieren al Tratado Schengen,
como está previsto que ocurra en enero de 2014, desaparecerán todos
los controles fronterizos, lo cual daría lugar, según París, a una
migración descontrolada.
Una eventual votación al respecto podría ocurrir
antes de fin de año entre los Estados miembros de ese pacto, sin
embargo, para que búlgaros y rumanos puedan obtener ese derecho la
aprobación debe ser unánime.
Alemania y Holanda se opusieron en 2011 a que el
tema fuese considerado y Berlín reiteró hace unos meses su negativa.