MANUEL E. YEPE

No es extraño escuchar, como justificación para algún delito menor, que la corrupción y la deshonestidad derivan de necesidades económicas insatisfechas de determinados segmentos de la población.

Tal argumento no se sostiene a la luz del comportamiento del opulento 1 % de la población estadounidense que es dueño del 40 % de la riqueza nacional de los Estados Unidos.

Aunque la estructura financiera de la nación estadounidense —como la de todos los países capitalistas—está diseñada para favorecer a las capas privilegiadas de la población dueñas del capital, cada una de las corporaciones y cada supermillonario por separado dedican ingentes recursos a estudiar las formas y maneras de sacar beneficios de todo vericueto legal, cada ángulo y cualquier omisión legislativa que les pueda propiciar privilegios adicionales. Ello incluye el estudio de métodos aplicables para el soborno de políticos y otros medios ilegales o pseudo-legales encaminados al incremento de sus beneficios a costa de los recursos que dejen de ingresar al fisco para ser dedicados a objetivos de beneficio social.

En los países capitalistas más desarrollados, los dueños de las mayores fortunas y las grandes corporaciones sufragan equipos de talentosos expertos, con todos los recursos más modernos de la tecnología y la ciencia, dedicados exclusivamente a trucar los sistemas impositivos destinados a recaudar los fondos que financian la salubridad, la educación y los servicios sociales del grueso de la población.

En cambio, los superricos crean y operan fundaciones "sin fines de lucro" supuestamente consagradas al financiamiento de proyectos filantrópicos, ambientales, culturales o caritativos, (muchas veces para paliar miserias que ellos mismos han provocado) que en mayor o menor grado encubren propósitos evasivos de impuestos.

Es impresionante la cantidad de trucos y deshonestidades en que incurre este acaudalado segmento de la sociedad norteamericana para expandir sus fortunas solo mediante la evasión de impuestos.

El periodista Dennis Sander, en un trabajo titulado The Corporate Tax Dodgers (Los evasores corporativos de impuestos) que publica la revista impresa y digital Freedom Socialist en su número de agosto-septiembre del 2013, define como dos caras de la misma moneda las acciones de evitar y las destinadas a evadir impuestos que practican estos grandes contribuyentes.

Evitar los impuestos se considera legal cuando la acción se ajusta a mecanismos mediante los cuales las pérdidas y los beneficios financieros pueden ser relocalizados o reclasificados a fin de no pagar impuestos, en tanto que la evasión sí se califica como delito.

"Pero si observamos los hechos por encima de las etiquetas, veremos que prácticamente no se diferencian".

Se estima que el 50 % del comercio mundial pasa por los llamados paraísos fiscales que son países, o zonas dentro de países, libres de impuestos o con impuestos muy reducidos. Suiza, Bahamas, Islas Caimán, Singapur, Hong Kong y Holanda se citan como los más conocidos, pero hay más de 80 de ellos en el mundo y mueven entre 21 y 32 mil millones de dólares cada año. La cifra no es exacta porque los capitales de la elite mundial que por ellos transita requieren de gran discreción, cuando no de absoluto secreto.

Sanders cita el caso de la corporación Apple que el pasado año trasladó 100 mil millones de dólares a una subsidiaria en Irlanda para evadir impuestos sobre utilidades. O el del multimillonario presidente de Mi-crosoft, Bill Gates, cuya gigantesca Fundación Gates le ahorró, solo el pasado año, 18 mil millones de dólares mediante operaciones de "ayuda" filantrópica a África.

Hace notar el periodista-investigador Dennis Sanders que hay una gran variedad de formas que se utilizan para estimar las pérdidas de ingresos al fisco que causan los paraísos fiscales. "Por ejemplo, solo en el año 2011, las finanzas de los estados que forman parte de los Estados Unidos perdieron en su conjunto $39 mil millones (dólares) y el Gobierno Federal dejó de ingresar $150 mil millones, según estimados conservadores basados en tasas de ganancia bajas".

De hecho, se promueve una "competencia fiscal" entre países, ciudades e incluso regiones de un mismo país por ver quién ofrece mayores beneficios fiscales y otras ventajas al capital peregrino. Ello se suma a los esfuerzos del Fondo Monetario Internacional por hacer que los países subdesarrollados liberalicen sus sistemas tributarios para hacerse más competitivos y atraer o mantener nuevos negocios.