Sergio Alejandro Gómez

El proceso de paz que se desarrolla en La Habana para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, continúa mostrando signos esperanzadores a pesar de la fuerte presión que ejercen en su contra fuerzas de la extrema derecha de ese país.

Tras llegar el pasado fin de semana a un nuevo cierre de ciclo, las delegaciones de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del gobierno de Juan Manuel Santos, anunciaron que comenzaron a "construir acuerdos" sobre la participación política, segundo punto de los seis establecidos en el Acuerdo General para la terminación del conflicto.

Esta noticia, que se suma al acuerdo alcanzado en el complejo tema de la tierra, constituye un nuevo hito en la accidentada historia de la búsqueda de la paz en ese país; que inició formalmente en los años 80 durante el gobierno de Belisario Betancur y continuó después en los de César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002).

"Nunca se había llegado tan lejos", aseguró el sábado pasado el jefe de la delegación gubernamental, el exvicepresidente Humberto de la Calle.

Los procesos de paz anteriores no arrojaron pactos concretos en temas de tanto calibre como la problemática agraria. En cuanto a la participación política, el mayor referente son los Acuerdos de la Uribe (nombrados asi por el municipio del mismo nombre donde fueron rubricados), firmados en 1984 con Betancur, que dieron paso a la fundación de la Unión Patriótica (UP), un partido político integrado por guerrilleros desmovilizados. Sin embargo, sus alcances se diluyeron por el posterior exterminio masivo de sus militantes, en una escala aún desconocida pero que se contabiliza en miles.

LA PUERTA DE LA POLÍTICA

Desde hace cerca de dos meses los diálogos de La Habana están centrados en el tema de la participación política.

Según han reiterado las FARC-EP no se trata únicamente de integrarse a la estructura política tradicional, sino de hacer las transformaciones necesarias y construir las condiciones para dar ese paso.

Las FARC-EP ha hecho pública una serie de "propuestas mínimas" respecto a este punto. Entre los elementos destacados están las garantías plenas de seguridad para el ejercicio de la oposición política y social; cambios institucionales; participación en el Consejo Nacional Electoral; un compromiso efectivo del Estado con la erradicación y proscripción del paramilitarismo; medidas para la reparación integral del genocidio contra la UP y otras fuerzas opositoras, y la democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación.

La delegación gubernamental, por su parte, ha sido enfática en que no está negociando el Estado y "la esencia del fin del conflicto no es otra que el rompimiento del vínculo entre política y armas".

"Y las FARC, si hacen el tránsito al movimiento político legal como esperamos —dijo—, requieren garantías especiales como ha ocurrido en todos los procesos de diálogo en el mundo".

LOS ENEMIGOS DE LA PAZ

Alcanzar la paz es un anhelo del pueblo colombiano que está refrendado en la Constitución vigente desde 1991. Sin embargo, no son pocos ni carecen de fuerza los sectores que se oponen al fin de un conflicto que mueve miles de millones de dólares.

Durante las últimas semanas Juan Manuel Santos ha señalado al entorno del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) como el promotor de una campaña para deslegitimar los diálogos de paz y enemistarlo con vecinos como Venezuela, país que es acompañante del proceso.

"Hay quienes parecen preferir más años de conflicto, más años de dolor y muerte a la posibilidad de la paz", dijo Santos, sin mencionar nombres, el pasado 7 de agosto durante los actos conmemorativos de la Batalla de Boyacá.

La estrategia de los sectores de extrema derecha llega justo cuando el gobierno de Santos se adentra en su último año y busca limitar sus posibilidades de reelección. El mandatario no ha hecho aún un anuncio oficial sobre sus intenciones de optar por un segundo periodo, pero ha dado señales de que le interesa "reelegir sus políticas".