BUENOS AIRES.— El director del Servicio Penitenciario Federal de Argentina, Víctor Hortel, aseguró que debe investigarse la responsabilidad de un juez federal en la provincia de San Juan que autorizó el traslado transitorio de los dos represores prófugos desde el pasado jueves.

Asimismo, entró hoy en vigor la norma, acordada la víspera, que limita la atención médica en hospitales militares de condenados por delitos de lesa humanidad, adoptada a causa de la fuga de los represores condenados Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi.

Hortel insistió en que fue el magistrado federal Miguel Angel Gálvez quien dispuso el traslado de Olivera y De Marchi al Hospital Militar Central, de Palermo, Buenos Aires, para presuntos tratamientos psiquiátricos y dermatológicos, y de allí se fugaron, reportó la agencia de noticias Télam.

La documentación del caso, precisamente, refleja que fue el juez Gálvez quien dispuso el traslado temporario -más de mil kilómetros desde San Juan a Buenos Aires- durante el feriado judicial de invierno, señaló Télam.

De ahí que el director del Servicio Penitenciario Federal exigiera se investigue al magistrado.

A su vez, está bajo pesquisa la participación de la esposa de Olivera, uno de los ahora buscados, en la fuga. Ella trabajaba como psicóloga en la sala de psiquiatría del hospital militar de donde precisamente se escaparon, y tramitó el traslado de su conyugue y del otro prófugo.

Los represores presos recibieron autorización para viajar a Buenos Aires a partir del 18 de julio.

La víspera los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Justicia y Derechos Humanos, Julio, Alak y de Salud, Juan Manzur, firmaron un convenio que dispone la creación de una Comisión de Asesoramiento Médico que tiene el objetivo de revisar los antecedentes clínicos de imputados, procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad.