WASHINGTON.
— Organizaciones de la emigración cubana que en Miami integran la
Alianza Martiana exigieron el regreso a su país de cuatro
antiterroristas de la isla caribeña aún presos en cárceles federales
de Estados Unidos.
Una conferencia con ese fin, segunda de su tipo este año, fue
convocada por la Brigada Antonio Maceo, la Alianza Martiana -a
título individual-, la Asociación José Martí, la ATC, el Círculo
Bolivariano de Miami y la Asociación de Mujeres Cristianas en
Defensa de la Familia.
Durante la reunión se ofreció una actualización del caso, en
especial el proceso de apelación extraordinario de Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González y
del movimiento político a favor del regreso a su patria.
René González, el quinto del grupo, salió de prisión en octubre
de 2011, luego pasó a libertad supervisada y después una jueza le
modificó estas condiciones y le permitió permanecer en Cuba (donde
se encuentra desde el 22 de abril) a cambio de renunciar a su
ciudadanía estadounidense.
Hernández, Labañino, Guerrero y Fernando González están a la
espera de que la jueza Joan Lenard, la misma que los sentenció
inicialmente en 2001, se pronuncie sobre sus apelaciones
extraordinarias, o habeas corpus, el último recurso legal de que
disponen.
El elemento común de los cuatro recursos es la conspiración del
Gobierno con medios y periodistas de la ciudad estadounidense de
Miami a los que pagó y dirigió para desatar una campaña de odio
contra los acusados.
Mientras, el habeas corpus de Gerardo Hernández incluye, además,
otras cuestiones como el ocultamiento y la manipulación de las
evidencias presentadas contra él para acusarlo falsamente de
conspiración para cometer asesinato en primer grado, por lo cual fue
condenado a una de sus dos cadenas perpetuas.
Ahora solicita igualmente que se le conceda a Hernández una
audiencia en la que pueda refutar esas falsas imputaciones.
Los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron
arrestados en Miami mientras vigilaban los planes de grupos
violentos que con total impunidad operan desde allí contra Cuba por
más de 50 años.
Un panel de las Naciones Unidas concluyó en mayo de 2005 que el
encarcelamiento de estos hombres es ilegal y arbitrario y pidió
corregir de inmediato esa situación a Washington, algo aún ignorado
por los gobiernos de turno en la Casa Blanca.