GINEBRA. — Cuba ratificó hoy el compromiso de luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y abogó por adoptar una convención internacional de alcance general para enfrentar el flagelo.

Al intervenir aquí en una conferencia de dos días sobre este problema, la delegada cubana Lilianne Sánchez reiteró el apoyo de su país a la cooperación multilateral y bilateral para combatir el terrorismo.

Sánchez señaló que Cuba es Estado Parte de 14 convenios existentes en esta materia y ha adoptado medidas internas legislativas, administrativas e institucionales complementarias para la prevención, detección y represión de todas las actividades de esta naturaleza.

"Jamás el territorio cubano se ha utilizado ni se utilizará para organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra ningún país", dijo la delegada.

Sin embargo, recordó, mi pueblo ha sido víctima del terrorismo organizado y financiado desde el territorio de Estados Unidos, como resultado de lo cual tres mil 478 cubanos han muerto y otros dos mil 99 quedaron incapacitados para siempre.

La delegada cubana condenó la política de doble rasero del gobierno norteamericano al no juzgar y permitir que sigan en libertad individuos como Luis Posada Carriles, responsable de la voladura de un avión cubano en 1976 donde murieron 73 personas.

Al propio tiempo, Washington condenó injustamente a largas penas de prisión a los antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, quienes daban seguimiento a los grupos criminales en el sur de la Florida.

René (excarcelado en 2011) se encuentra en Cuba luego de que una jueza aceptara modificar las condiciones de libertad supervisada a cambio de la renuncia a la ciudadanía estadounidense.

La representante cubana rechazó enérgicamente la inclusión de su país en la Lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional, emitida el pasado 30 de mayo por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Rechazamos rotundamente la ilegitimidad de ese mecanismo, mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos se arroga el derecho a certificar la conducta de otras naciones y a emitir listas discriminatorias y selectivas con fines políticos, dijo.