En
América Latina existe un patrón común de violencia contra las
mujeres e impunidad en el sistema de justicia, motivo por el cual el
92 % de los feminicidios en la región quedan impunes, refirió
Elba Beatriz Núñez, coordinadora regional del Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
De acuerdo con esa organización, por día se registran 500
episodios de violencia sexual en contra de las mujeres en la región,
siete de cada 10 mujeres han sufrido algún nivel de violencia, y de
un 17 % a 53 % quedan afectadas por violencia sistemática.
Aunado a ello, planteó que existe preocupación por la persecución
y criminalización en contra de las defensoras de los derechos
humanos.
Es un fenómeno con mayor presencia en Centroamérica, pero
lamentablemente se está extendiendo a otras subregiones de América
Latina. Por ello, la Subcomisión Latinoamericana de Derechos Humanos
ha llamado la atención de los estados, a fin de que den garantías y
protección a estas defensoras, muchas de ellas asesinadas de manera
sistemática.
En compañía de Elizabeth Cabero, secretaria ejecutiva de la
oficina regional de Cladem, y María Edith Oviedo, vocera de la
Campaña por una educación no sexista y antidiscriminatoria, Núñez
indicó que en México y América Latina existe una gran deuda hacia el
género en varios renglones: educación, salud, acceso a la justicia,
maternidad, empleo, combate a la pobreza y otros.
La causa: los gobiernos no asignan el presupuesto necesario ni
desarrollan las políticas públicas indispensables para revertir el
deterioro de las condiciones de vida del género, combatir la
violencia y otras situaciones, pese a que se han emitido leyes muy
avanzadas. De nada sirve que haya leyes punitivas, si no hay
presupuesto ni programas integrales para la protección a la mujer,
dijo Núñez.
Advirtieron que la trata de personas, el narcotráfico y el crimen
organizado han influido en el aumento de los feminicidios,
cuyo incremento también obedece a la impunidad.
Respecto a México, dijeron que aunque el gobierno federal ha
ratificado todos los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos, sigue siendo omiso en la protección.
Otras grandes deudas por parte del Estado mexicano son: la
ausencia de medidas de protección para evitar los asesinatos contra
las mujeres, la flexibilización laboral que está llevando a la
precarización de las condiciones de vida del género, el aumento de
muertes maternas y la carencia de políticas de combate a la pobreza
que hagan de las mujeres agentes de cambio. (Tomado de ADITAL)