La cifra de muertos por el derrumbe de una fábrica en Bangladesh, el peor accidente industrial del mundo desde el desastre de Bhopal, en India, en 1984, superó los 1.000 y aún podría haber más cuerpos atrapados en el interior mientras los equipos de rescate luchan para poner fin a la operación de salvamento.

Más de dos semanas después del accidente se seguían extrayendo cadáveres de entre los escombros del edificio Plaza Rana, y el viernes un portavoz de la sala de control del Ejército que coordina la operación dijo que el número de muertos confirmados había llegado a 1.038.

Una serie de accidentes mortales en fábricas han centrado la atención mundial sobre las normas de seguridad en la industria de la confección en Bangladesh. Ocho personas murieron en un incendio de una fábrica esta semana, que una asociación de la industria dijo el viernes podría haber sido iniciado deliberadamente.

Alrededor de 2.500 personas fueron rescatadas de Rana Plaza, en el suburbio industrial de Savar, a unos 30 kilómetros al noroeste de Dacca, entre ellas muchos heridos, pero no hay una estimación oficial del número de desaparecidos.

El desastre, que se cree habría sido ocasionado cuando se pusieron en marcha generadores durante un apagón, ha puesto el foco de atención en los minoristas occidentales que utilizan la empobrecida nación del sur de Asia como fuente de productos baratos.

Nueve personas han sido detenidas en relación con el desastre, incluyendo el propietario del edificio y los jefes de las fábricas que albergaba.

Cientos de familiares siguen esperando en el lugar, algunos con fotografías. Los rescatadores tienen cada vez más dificultades para identificar los cadáveres en descomposición y están utilizando los documentos de identificación que llevan o incluso sus teléfonos móviles.

"Se han enterrado un total de 156 víctimas sin identificar", dijo el administrador del distrito de Dacca, Mohamad Yusuf Harun, que añadió que se han preservado muestras de ADN para que se pudieran hacer análisis si aparecieran familiares.

El Gobierno ha culpado a los dueños y a los constructores del edificio por usar materiales de construcción deficientes, como ladrillos, cemento y barras por debajo de los estándares, y no obtener los permisos necesarios.