Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha urgido a las marcas internacionales de ropa que operan en Bangladesh a mejorar las condiciones de trabajo, después de que cerca de 900 personas murieran en el incendio y derrumbe de varias fábricas textiles.

"Las marcas internacionales tienen la responsabilidad de actuar con diligencia y de abordar su propio impacto sobre la situación de los Derechos Humanos", ha dicho el jefe del grupo de expertos de la ONU sobre negocios y Derechos Humanos, Pavel Sulyandziga.

"Si están relacionados de algún modo con el impacto negativo sobre los Derechos Humanos de sus proveedores, tienen la responsabilidad de ejercer su influencia como compradores para provocar el efecto contrario", ha subrayado.

Sulyandziga se ha mostrado consciente de que "las cadenas internacionales de suministro de ropa son cada vez más complejas y, por tanto, abordar asuntos sistémicos no es una tarea fácil", pero ha considerado que "los esfuerzos deben adecuarse al desafío".

"Urgimos enérgicamente a las marcas internacionales de ropa en Bangladesh a abordar los riesgos de los Derechos Humanos derivados de sus cadenas de suministro con otros actores relevantes, y a decir públicamente que están haciendo para mitigar esos riesgos", ha dicho.

También ha instado a las marcas internacionales de ropa a evaluar el impacto del comportamiento de los compradores y de las estrategias comerciales en los Derechos Humanos de los trabajadores, según ha informado la ONU en un comunicado.

El jefe del grupo de expertos se ha referido también a las autoridades bangladeshíes, recordándoles su obligación de "proteger los Derechos Humanos de posibles violaciones por parte de empresarios, investigar a fondo cómo actúan, juzgarles --si es necesario-- y compensar a las víctimas".

La ONU ha hecho estas recomendaciones a raíz del incendio y el derrumbe del pasado 24 de abril en el Rana Plaza, un edificio comercial, que alberga varias fábricas textiles ubicado en el distrito de Savar, cerca de Dacca.

Según el último balance oficial, al menos 892 personas han muerto, un millar han resultado heridas y un centenar están desaparecidas. Las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes ya se han suspendido.

Ahora, los equipos de emergencia, ayudados por decenas de voluntarios, se centran en limpiar la zona de escombros, mientras que los médicos forenses tratan de identificar a los fallecidos mediante pruebas de ADN.

El dueño del edificio comercial, Mohammed Sohel Rana, cinco propietarios de fábricas y talleres textiles y dos técnicos municipales han sido detenidos y acusados de negligencia, construcción ilegal y persuadir a los empleados para que acudieran a su puesto de trabajo, a pesar de que un día antes habían aparecido grietas.