WASHINGTON. — Un proyecto de ley nacional sobre inmigración enfrenta hoy su mayor prueba ante el Senado de Estados Unidos, donde las previsibles enmiendas amenazan la propuesta del grupo bipartidista de negociadores.

Se prevé que el análisis de la iniciativa en el Comité Judicial de la Cámara alta será extenso y complejo, como ha sido el camino de la reformulación del programa migratorio presentado por el presidente Barack Obama desde hace cuatro años.

Los congresistas que integran la llamada Banda de los Ocho tratarán de mantener intacto el documento de 844 páginas, pero legisladores opuestos al plan intentarán ganar tiempo para su meta de neutralizar la normativa.

El senador republicano John McCain, de Arizona y uno de los negociadores, dijo estar optimista por el proyecto, pero al mismo tiempo temeroso de que cambios sustanciales torpedeen sus oportunidades de ratificación en el pleno del Capitolio.

Según trascendió de fuentes parlamentarias, los 18 miembros del Comité Judicial -10 demócratas y ocho republicanos- habían sugerido más de 300 correcciones al texto hasta la medianoche del pasado martes.

Cerca de dos tercios de las enmiendas fueron endosadas por opositores a la Casa Blanca representantes de estados sureños o conservadores como Iowa, Alabama, Texas y Utah.

La institución Heritage Foundation señaló esta semana en un reporte que la proyectada reforma en las leyes de inmigración costará 6,3 billones de dólares a los contribuyentes en Estados Unidos.

El informe del grupo se sumó así a un estudio del Instituto Cato, auspiciado por el minoritario Partido Libertario, el cual califica a la modificación legal de resolución defectuosa que afectará la recuperación económica del país.

Acorde con Heritage, los costos de la nueva ley se derivarán, entre otras causas, de nueve mil millones de dólares que la administración Obama piensa dirigir a beneficios para los eventualmente legalizados inmigrantes.

La Oficina Oval perfila una propuesta política que combina mayor seguridad en fronteras -sobre todo con México- con una posible opción de ciudadanía para un cierto número entre la gran cantidad de indocumentados, unos 11 millones.