ASUNCIÓN,
19 de abril.— Paraguay amaneció hoy en veda electoral tras vivir en
los últimos días un verdadero diluvio de denuncias por corrupción
que salpicó a partidos políticos tradicionales, Gobierno, Congreso y
hasta al Poder Judicial.
A 48 horas de las elecciones generales, la ley impuso el silencio
a la propaganda electoral que llegó a alcanzar el calificativo de
alucinante, sobre todo por el derroche de dinero empleado en ella
por las viejas organizaciones políticas, precisamente autoras del
golpe de Estado de junio pasado.
Se trata especialmente de los partidos Colorado y Liberal,
quienes aseguran monopolizarán los sufragios de la ciudadanía,
aunque en la boleta electoral figuran 10 candidatos a la presidencia
de la República acompañados de los respectivos aspirantes a
vicepresidente.
Los colorados postulan a Horacio Cartes, un acaudalado
empresario, receptor de múltiples imputaciones por supuestos
negocios ilegales, entre ellos los de narcotráfico y contrabando,
mientras Efraín Alegre, el aspirante liberal es señalado de realizar
grandes negociados a la sombra del poder.
En contrapartida, la izquierda agrupada en el Frente Guasú,
coalición de partidos y organizaciones sociales, postuló al médico
pediatra Aníbal Carrillo, de larga historia de lucha política y
social, aunque candidato por primera vez a tan alto cargo.
Otros son el presentador de televisión Mario Ferreiro, del
movimiento Avanza País; el senador Miguel Carrizosa; la dirigente
femenina Lilian Soto; el periodista Eduardo Arce; Ricardo Almada,
del Partido Blanco; Atanasio Galeano, de Patria Libre, y Roberto
Ferreira, del Partido Humanista.
La compra de votos, la irregular venta de tierras de campesinos e
indígenas, la adquisición a sobreprecio por el Estado de terrenos de
familiares de congresistas y la compra por Federico Franco de una
lujosa mansión fueron escándalos que golpearon a liberales y
colorados.
Los comicios se celebrarán en medio de las denuncias de la
izquierda por la falta de depuración del padrón electoral, su
discriminación en el acceso a los medios de difusión, los atropellos
a sus seguidores en el campo y el uso en las campañas de millonarias
sumas de dinero de oscura procedencia.