Dalia González Delgado y Sergio Alejandro Gómez

Cuando se cierran uno tras otro los tres portones de hierro, pareciera que se ha entrado a otro mundo; uno con sus propias historias, reglas y lenguaje. Sin embargo, en el establecimiento penitenciario de Quivicán, como en el resto de las prisiones del país, también ha calado el proyecto social que se inició el Primero de Enero de 1959.

Los internos del Combinado del Este se capacitan y trabajan en oficios.

Uno de los lazos que unen a los internos con el resto del país es la incorporación al trabajo socialmente útil y remunerado. Este derecho que poseen las personas que han cometido un delito es uno de los pilares de su rehabilitación y, al mismo tiempo, una forma de ayudar a sus familiares y resarcir el daño que causaron.

El resultado de su labor está a la vista de todos, pero en el ajetreo de la vida diaria muchas veces se pasa por alto.

Algunos de los objetos que se encuentran en tiendas y otros puntos de venta, son fabricados por internos. En el establecimiento penitenciario de Quivicán se producen tanques plásticos para almacenar agua, cubos, juegos de comedor de metal y madera, sillas para niños, estanterías, mesas y cercas tipo Peerless.

Lázaro Mitchel lleva cuatro meses trabajando en la fábrica de tanques. "Puedo ayudar a mi familia y obtengo una calificación de obrero, que me sirve para la calle. Además, estoy todo el día ocupado y cuando llego a la celda ya son las 5 ó 6 de la tarde y el tiempo pasa más rápido", cuenta.

La Constitución cubana establece que "el trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano" y "es remunerado conforme a su calidad y cantidad". Estos principios son válidos también en el caso de las prisiones, pero respetando las condiciones legales específicas en que se encuentran estas personas.

En el caso de Lázaro Mitchel, su sueldo está vinculado a los resultados: "Gano entre 700 y 800 pesos, dependiendo del cumplimiento de la norma. Nosotros aquí no andamos con dinero, o se guarda en una cuenta o se lo envían a quien uno decida. Casi todo el mundo se lo manda a la familia, la esposa, la mamá", relata.

Cuando Lázaro llegó a Quivicán, dos años atrás, pidió una ubicación laboral, pero tuvo que esperar varios meses hasta que se desocupó una plaza en la fábrica de tanques. Uno de los desafíos a los que se busca solución en los establecimientos penitenciarios cubanos es poder ofrecer un puesto a todos los internos que demandan trabajar.

A finales de la década de los ochenta la situación era mucho más favorable. El 65 % de la población penal cubana estaba vinculada al trabajo y los establecimientos penitenciarios contaban con una mayor capacidad industrial. La producción de artículos de amplia demanda popular en el año 1988, por ejemplo, alcanzó la cifra de 46 millones de unidades, en 90 renglones de artículos de artesanía, bisutería, textiles, madera, plásticos, muebles, entre otros, según un reporte de Granma de esa fecha.

Pero el periodo especial provocado por la caída del campo socialista, unido al recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba, deterioraron la capacidad instalada y frenaron las inversiones económicas necesarias para garantizar mayores volúmenes de empleo en las prisiones.

Hoy en el establecimiento penitenciario de Quivicán solo trabajan entre un 29 % y un 43 % de los internos, según la fluctuación de la materia prima que llega a las fábricas. Mientras, en el Combinado del Este, en La Habana, esta cifra se reduce a un 27 %.

Aun en estas condiciones, el Estado cubano ha llevado adelante planes de formación dentro de las prisiones, que combinan la superación personal de los reclusos con la utilidad social de su trabajo.

En el Combinado del Este funciona un polígono de capacitación, donde se imparten cursos para ser albañil, ferrallista, carpintero, electricista, plomero y soldador.

Esa fuerza de trabajo se revierte en múltiples planes productivos, como una brigada de 58 internos que fabrican 250 mil bloques mensuales, buena parte de los cuales están destinados a la venta liberada a la población. Existe también una fábrica de plástico, donde se producen cubos, palanganas, cestos de basura y pequeños vianderos.

Otra de las tareas en las que están ocupados es la clasificación de ropa reciclada. Cuatro contenedores pasan cada mes por las manos de 60 internos, quienes las diferencian por tipo y calidad. Por ese trabajo reciben un salario acorde a su desempeño.

Para garantizar sus derechos, la Ley N° 105 del 27 de diciembre del 2008 (Ley de Seguridad Social) establece un grupo de beneficios que los equiparan con el resto de la fuerza laboral del país. Entre ellos se incluyen la acumulación del tiempo de trabajo durante el cumplimiento de la sanción para su expediente laboral, ayudas económicas para sus familiares, derecho a jubilación y remuneración por certificado médico a tiempo parcial y completo.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, ratificó a Granma que en Cuba no existe el trabajo forzado. El principio institucional del país es que todas las personas aptas física y mentalmente puedan vincularse laboralmente, siempre que sea su voluntad. Además —precisa—, cuentan con los mismos derechos, salvo aquellos que entran en conflicto con la situación legal en la que se encuentran.

Así lo demuestra la historia de Makensy, quien trabajaba en la desarmadora de carros del Combinado del Este y sufrió un accidente laboral. "Enseguida me atendieron. Me pasaron por el Somatón (Tomografía Axial Computarizada)", recuerda.

El accidente lo obligó a estar tres meses sin trabajar: "Me dieron un certificado médico y me pagaron 107 pesos de los 230 que ganaba. También me dieron fisioterapia en la mano".

Ahora, como no puede hacer grandes esfuerzos físicos, cambió de plaza y pasó a trabajar en el comedor.

A los internos cubanos no solo se les ofrece capacitación en oficios, sino instrucción escolar a todos los niveles, incluidas carreras universitarias como la Licenciatura en Cultura Física, que estudian dentro de las prisiones y pueden ejercer luego de cumplir la sanción.

Otra especialidad por la que pueden optar desde el 2004 son los cursos de enfermería, que se imparten en colaboración con el Ministerio de Salud Pública. Para esta profesión son más rigurosos los criterios de selección de los internos. Entre otros requisitos, no pueden haber cometido atentados contra la integridad física de otra persona.

Una vez que se gradúan, la enfermería puede "cambiar la manera de pensar". Esas fueron las palabras de Didiet, quien ya terminó su curso y labora en el Hospital Nacional de Internos, en el Combinado del Este.

"Tengo una nueva visión de la vida para no cometer los mismos errores. Me siento mejor porque ahora puedo ayudar a la gente, a mis propios compañeros, que ahora me ven y me dicen: Didiet, ayúdame, ponme esta inyección. Y me alegra poder ayudarlos".

Hasta el momento, 51 internos se han graduado de enfermeros, y de ellos los 16 que cumplieron sus sanciones se encuentran trabajando en hospitales civiles.

La libertad no siempre significa el fin de la vinculación laboral de los internos. Ese fue el caso de Norberto, quien ahora es ejecutor de obra en el nuevo salón de espera del Combinado, que ofrecerá mayor comodidad a los familiares en los días de visita.

Durante los diez años que estuvo preso, Norberto se hizo plomero, carpintero y albañil. "Empecé a trabajar y a superarme, y cuando terminé, la empresa con la que trabajaba me mantuvo el contrato", asegura.

Norberto recibe entre 800 y 900 pesos y según cuenta, le gusta la construcción. Pero lo que mejor lo hace sentir de su trabajo es que no hay prejuicios de sus compañeros por tratarse de un exinterno. "Aquí no hay eso de que si estuve preso. Ya yo cumplí, ahora soy uno más".

"En la calle los trabajos no están fáciles, y además aquí yo hago falta. Lo que hago es útil", añade.

Rosa Maures Prieto, oficial de tratamiento educativo del Combinado del Este, asegura que la inmensa mayoría de los internos piden trabajar.

Prieto destaca la importancia del trabajo en la rehabilitación: "Integro un equipo multidisciplinario que da atención diferenciada a cada uno de ellos. El trabajo ayuda a modificar conductas, les da una disciplina, un orden. Se acostumbran, porque casi todos antes de estar presos no trabajaban. Hasta sus conversaciones cambian. ¿Normalmente de qué habla un interno? De a quién le robó o qué hizo, y están todo el día pensando en eso. Cuando trabajan, ya es diferente".