ATENAS. — El gobierno griego dio hoy una fría respuesta a las advertencias recogidas en el informe elaborado por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, sobre el aumento de la violencia xenófoba en el país.

En la presentación del estudio, desarrollada la víspera, el responsable europeo se mostró "seriamente preocupado" por el alto número de agresiones racistas y vinculó estas al partido neofascista Amanecer Dorado, que desde las últimas elecciones cuenta con 18 escaños en la Asamblea Nacional.

El ejecutivo de Antonis Samarás desechó, sin embargo, la propuesta planteada por el comisario de ilegalizar la formación política, pues "podría ser contraproducente o provocar resultados no deseados", y aseguró que "la fuerza parlamentaria de esta organización es una expresión de desencanto popular y protesta contra las duras, aunque inevitables, medidas de austeridad".

Pero el informe del organismo europeo también demandó a las autoridades griegas campañas de sensibilización social contra el racismo en las escuelas y la creación de medidas que ayuden a mejorar la integración de la población inmigrante y el diálogo intercultural.

Además Muiznieks pidió "una condena enérgica e inequívoca de los mensajes y crímenes de odio racial", al tiempo que lamentó "el discurso estigmatizante contra los inmigrantes ampliamente utilizado en la política griega" así como las medidas de control y los cambios legislativos que empeoraron la situación de los trabajadores extranjeros.

La crítica cayó directamente sobre Samarás y sobre el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, quienes desde el inicio de la legislatura utilizaron un lenguaje xenófobo contra los inmigrantes calificándolos de invasión y bomba de salud o anunciando la "limpieza y recuperación del centro de la ciudad".

La respuesta del gobierno descartó actitudes racistas en esas declaraciones, pues el problema estuvo en que causaron "falsas impresiones" al ser sacadas de su contexto.

Otras críticas recogidas en el documento fueron la práctica habitual de torturas y malos tratos por parte de la policía contra los inmigrantes y la inexistencia de sanciones ni condenas contra los culpables fruto de lo que Muiznieks definió como la cultura institucional de la impunidad.

El comisario alentó por último a corregir las deficiencias existentes en materia de asilo y asistencia a refugiados, destacando el precario sistema de acogida y la política sistemática de detención prolongada de los emigrantes irregulares, a menudo en condiciones insalubres.