ASUNCIÓN, 16 de abril.— Paraguay inició la cuenta regresiva para
los comicios generales del próximo domingo, en medio de una espiral
de denuncias y escándalos por hechos de corrupción, que tienen como
centro a políticos y funcionarios públicos.
Unos tres millones y medio de ciudadanos están convocados para
ejercer el sufragio y elegir al presidente y al vicepresidente de la
República, renovar el Senado y la Cámara de Diputados, así como las
gobernaciones y juntas departamentales, y hasta diputados al
Parlamento Sudamericano.
Un total de 11 candidatos pujarán por el triunfo en las primeras
elecciones que se celebrarán luego del golpe de Estado parlamentario
en junio pasado, que desalojó del poder al gobierno electo en el
2008.
Muchas fueron las protestas durante la campaña, que incluyen a
partidos y organizaciones de izquierda por exclusiones en el acceso
a los medios de difusión, hasta el cruce de acusaciones entre
agrupaciones tradicionales por el uso abundante de recursos de
dudosa procedencia.
Sin embargo, las últimas semanas se contemplaron imputaciones
públicas que, en su gran mayoría, develan eventuales negocios
ilegales con la participación de aspirantes y funcionarios
gubernamentales, con responsabilidades en la interrupción del
proceso democrático de la nación.
La reciente destitución del presidente del Instituto de la
Tierra, Luis Ortigoza, fue el último acontecimiento relacionado con
la venta a particulares de parcelas pertenecientes a asentamientos
campesinos y la participación en la adquisición ilegal y
sobrevaluada de miles de hectáreas.
El candidato del Partido Colorado, Horacio Cartes, fue señalado
por participar en operaciones con un banco situado en un paraíso
fiscal. Sobre el presidente del Senado, Jorge Oviedo, pende la
amenaza de destitución del cargo por su supuesta participación en la
venta al Estado de tierras con problemas legales por 11,5 millones
de dólares.
Más allá de las acusaciones, la realidad es que el país se acerca
a sus comicios generales con serias afectaciones de la credibilidad
de los representantes de las organizaciones políticas tradicionales.