MADRID.— El gobierno conservador español anunció que en dos semanas presentará un nuevo paquete de reformas estructurales, en respuesta a recientes exigencias de la Unión Europea (UE).

En rueda de prensa, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, anticipó que las medidas que el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) aprobará el próximo día 26 abarcarán varios ámbitos de la economía y serán ambiciosas.

El funcionario aseguró que la administración de Mariano Rajoy estudia un nuevo diseño de la estructura de la fiscalidad, aunque no concretó a qué figuras tributarias afectaría o si ello supondrá un aumento de los impuestos.

"Las reformas serán ambiciosas e incidirán en todos los campos, tanto en el mercado de productos, el mercado de trabajo y el mercado financiero, de tal manera que continúen con las mejoras de eficiencia y se sienten las bases de la recuperación", remarcó.

Jiménez Latorre evitó pronunciarse sobre otra posible subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) -en septiembre de 2012 el Gobierno lo incrementó del 18 al 21 por ciento- y aseveró que "se estudia una nueva fiscalidad", en línea con las sugerencias de la UE. "Prejuzgar si va a ser necesario y cuándo y en qué dirección tocar la estructura de los impuestos es prematuro", enfatizó el secretario de Estado, quien pidió esperar al día 26, cuando el Consejo de Ministros dará luz verde a la segunda oleada de ajustes de Rajoy en año y medio.

Hace apenas dos días, la Comisión Europea (CE) emplazó al Gobierno español realizar más reformas, en particular en el mercado laboral y de pensiones, para corregir unos desequilibrios económicos que calificó de excesivos.

En un informe, la Comisión, brazo ejecutivo de la UE, precisó que Madrid emprendió medidas en diversas áreas, pero consideró que la agenda de duros recortes aplicada por el PP sigue estando incompleta.

Según el vicepresidente de la CE y comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, algunos de los ajustes adoptados no han mostrado todos sus efectos debido a los retrasos en su ejecución, por lo que demandó una vuelta de tuerca en la reforma laboral y de pensiones.