La
secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia brasileña, Maria do
Rosario, solicitó hoy un castigo firme y eficaz para los tres
acusados de asesinar a una pareja defensora del medio ambiente en la
Amazonía brasileña.
Me pronunció por una dura condena contra los responsables de este
crimen, pero esto no es todo, pues tal vez otros involucrados no
fueron identificados aún, resaltó do Rosario.
Este es un crimen con una agravante muy variada y estimo que un
asesinato del tipo de exterminio debe recibir una sanción muy
fuerte, subrayó.
Hay que acabar con la impunidad de los autores intelectuales de
homicidios en el campo, pues "Brasil necesita que no haya impunidad
para esas cadenas de mando", enfatizó.
En el juicio, iniciado ayer en un tribunal de Marabá, en el
norteño estado de Pará, el ministerio Público pidió 70 años de
prisión para José Rodrigues Moreira, quien habría ordenado el
crimen, así como para Lindonjonson Silva Rocha y Alberto López do
Nascimento, presuntos autores del asesinato el 24 de mayo de 2011 de
Maria y José Claudio da Silva.
Los fiscales solicitaron que los tres arrestados sean imputados
de homicidio con agravantes por la muerte del matrimonio dentro del
"Proyecto Agro Extractivista (Paex) Praialta-Piranheira", una
reserva ambiental de la Amazonia.
La pareja fue ultimada a tiros cuando viajaban en moto por Nova
Ipixuna, localidad próxima Marabá, a unos 530 kilómetros al sureste
de Belém, la capital del estado.
Se estima que el crimen ocurrió debido a una disputa de tierras,
porque uno de los acusados había comprado unos lotes dentro del
Proyecto Extractivista, a cuya venta se oponía la pareja, por
considerarla ilegal.
Las investigaciones de la Policía revelan que el matrimonio era
objeto de amenazas desde 2009 para que abandonara unas 22 mil
hectáreas de tierras, donde vivían 500 familias y con una plantación
de árboles de alto valor comercial.
Maria y Claudio da Silva denunciaron también la tala ilegal de
árboles que ocurría en la zona, ordenada por poderosos intereses con
el propósito de enriquecerse por la venta de madera y utilizar la
zonas desforestadas para criar ganado o cultivar soya.
Estadísticas oficiales revelan que el número de muertes por
conflictos de tierras creció 10,3 por ciento en Brasil entre 2011 y
2012.
Dirigentes de agrupaciones campesinas y del Movimiento Sin Tierra
dijeron que esperan la conclusión este jueves de este proceso con la
condena de los tres acusados.