WASHINGTON. — Las medidas de control de armas en el Congreso de Estados Unidos parecen hoy destinadas al fracaso debido a las fuertes presiones que ejercen quienes cabildean en contra de esas regulaciones.

A pesar de varios meses de negociaciones, influyentes senadores de ambos partidos han sido incapaces de llegar a un plan funcional que incluya la posibilidad de realizar chequeos de antecedentes a los compradores, proyecto que cuenta con el apoyo de casi 90 por ciento de los estadounidenses.

Otra propuesta que tiene apoyo bipartidista es la que pretende calificar como delito federal el tráfico de armas, pero también está en peligro de ser destruída si los legisladores aceptan un nuevo lenguaje que trata de imponer la poderosa Asociación Nacional del Rifle, señala este martes el diario The Washington Post.

El fracaso de esas dos medidas sería un revés significativo para la Casa Blanca y sus aliados, quienes reconocen que otros dos proyectos no son políticamente viables: la prohibición de los fusiles de asaltos y de los cargadores de alta capacidad.

El presidente Barack Obama visitará el estado de Colorado este miércoles, con el fin de renovar sus esfuerzos a favor de la regulación de las armas de fuego, poco más de 100 días después de la masacre el 14 de diciembre pasado en la escuela de Newtown, Connecticut, donde murieron 20 niños y seis adultos.

El mandatario y sus seguidores en este tema no han sido capaces de forjar un apoyo sólido a nivel nacional como para lograr que el Congreso apruebe las propuestas destinadas a renovar las leyes sobre el tema, añade el Post.

Una campaña de anuncios televisivos financiada por el alcalde de Nueva York, Michael R. Bloomberg, funciona por segunda semana consecutiva pero no ha logrado atraer suficiente apoyo como para que los congresistas aprueben la medida destinada a reforzar los controles del historial de los compradores de armamentos.

Algunos senadores republicanos amenazaron con boicotear indefinidamente el proyecto, que requiere 60 votos positivos en la cámara alta para ser aprobado, y desde que los congresistas salieron de Washington el 23 de marzo para el receso legislativo de Pascua, no ha habido ningún progreso en el tema.