Camilo Villa Juica

El triste gris del cielo chileno hace pensar que un aguacero caerá sobre el territorio, pero el color mustio, carente de tono, no proviene de las alturas, sube a ella, en forma de humo que cubre de luto a toda la nación: las barricadas instaladas en los barrios más humildes del país indican que es 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, fecha en que se conmemora la muerte en 1985 de los hermanos Vergara Toledo, dos jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar.

Los hermanos Vergara Toledo se convirtieron en un símbolo de lucha contra la dictadura de Pinochet.

Eduardo y Rafael, de 20 y 18 años de edad, respectivamente, eran jóvenes normales, salían con amigos, gustaban de las fiestas y más aún de las mujeres. Eran chicos de buenos sentimientos, con virtudes y defectos como todo el mundo. Se criaron en la popular comuna de Estación Central en Santiago de Chile, donde la pobreza, la injusticia y la represión eran pan de cada día.

Lejos de desmoralizarlos, la cruda realidad les fue nutriendo de los más nobles sueños libertarios. Fueron militantes de la vida, de su barrio, y del MIR, razón más que suficiente para ser perseguidos por la autoridad.

Eduardo fue expulsado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) donde estudiaba para ser profesor de Historia, mientras que a Rafael lo marginaron del preuniversitario Liceo de Aplicación. La casa de la familia fue constantemente allanada y las detenciones se hicieron tan comunes como el hambre. Ante tal situación, los hermanos Vergara pasaron el resto de sus días como clandestinos.

En esa condición se encontraban cuando llegó aquel fatídico 29 de marzo. Exactamente un año antes, en 1984, Mauricio Maigret, joven militante del MIR de 17 años, había sido asesinado por la tiranía. Eduardo y Rafael se aprestaban a irrumpir en las calles para conmemorar su muerte.

Cuando caminaban por entre los estrechos pasajes del barrio, fueron interceptados por cuatro policías que se encontraban patrullando la zona. Estos, armados con un fusil SIG, una subametralladora UZI, una escopeta a perdigones y sus pistolas de servicio, comenzaron a disparar contra quienes eran catalogados de "subversivos" y "terroristas" por el gobierno.

La persecución llega hasta el popular sector de Villa Francia, donde Eduardo cae muerto por varios balazos, uno de ellos en el corazón. Rafael, tendido en el suelo, víctima de un disparo en la espalda que lo deja parapléjico, se arrastra para abrazar el cadáver de su hermano, pero no lo logra: el cabo segundo Jorge Marín lo agrede con un culatazo en la cara impidiéndole la acción. Luego, malherido, es arrastrado a un furgón policial donde presuntamente es ultimado. Finalmente, el cuerpo sin vida de Rafael, es arrojado a la calle junto al de Eduardo.

Actualmente tres de los cuatro policías implicados en el crimen están condenados. Jorge Marín, verdugo de Eduardo y Rafael, fue sentenciado a diez años de cárcel, mientras que el subteniente en retiro Alex Hinojosa y el excabo primero, Nelson Toledo, cumplen siete años de presidio. El cuarto involucrado, Marcelo Muñoz, fue absuelto. Sin embargo, pruebas recientes aportadas por Marín apuntan a la culpabilidad de Muñoz, así como a mayores responsabilidades institucionales.

El crimen de los hermanos Vergara Toledo no fue el único ocurrido ese día. Solo horas más tarde, la también militante del MIR Paulina Aguirre, de 20 años, fue asesinada cuando llegaba a su casa en la comuna de Lo Barnechea. Ocho balas disparadas por agentes de la Central Nacional de informaciones (CNI), organismo de inteligencia de la dictadura, mataron a la joven poco antes de la medianoche.

La tiranía, siempre inconforme con la sangre derramada, había hecho más: durante esa mañana, policías de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) secuestraron a los profesores comunistas José Manuel Parada y Manuel Guerrero. A Santiago Nattino, otro educador, lo raptaron el día anterior. El 30 de ese mes, sus cuerpos fueron encontrados degollados en las cercanías del aeropuerto de la capital.

"Fue un ajuste de cuentas entre comunistas", sentenció la justicia en primera instancia, pero en realidad no fue más que un cobarde acto para deshacerse de quienes se oponían a la dictadura. Finalmente, 16 policías fueron condenados, cinco de ellos a presidio perpetuo.