A ellos corresponde velar por el buen funcionamiento de los
establecimientos bajo su mando, además de la preservación y uso
eficiente de los recursos que el Estado ha puesto a su disposición.
Mas, la práctica ha demostrado que una auditoría u otra forma de
fiscalización externa, detectan problemas que debían haberse
descubierto a tiempo, los cuales permanecieron a la vista de todos,
sin que nadie los enfrentara como era debido.
Un análisis de los resultados de la labor desarrollada el pasado
año por la Contraloría de Villa Clara, demuestra cuánto camino falta
por recorrer para que el control interno ocupe el lugar que le
corresponde en el sistema diseñado en el país a fin de garantizar la
entronización del orden y la disciplina en cada lugar.
Así por ejemplo, de las 30 auditorías ejecutadas por la
Contraloría de la provincia, el 50 % de ellas otorgó calificación de
deficiente o mal a las entidades visitadas, detectándose además,
presuntos hechos delictivos y de corrupción.
El daño económico total, provocado por el nefasto fenómeno del
descontrol, ascendió a unos 62 millones de pesos y poco más de 14
mil CUC, además de los millones dejados de ingresar al presupuesto
del Estado.
Si tomamos como referencia todas las acciones de control
ejecutadas por el sistema en el territorio, las cifras son aun
mayores, al totalizar más de 94 millones de pesos y unos 30 mil CUC
de afectación a la economía, producto del descontrol en los
inventarios, las nóminas, el combustible, los efectivos, problemas
asociados a la contratación económica, las cuentas por pagar y
cobrar, los ingresos, los gastos así como la utilización eficiente y
eficaz del presupuesto, entre otros fenómenos detectados.
Resulta significativo, sin embargo, que todavía el plan de
prevención de riesgos no sea utilizado a cabalidad, como una
herramienta de trabajo capaz de facilitar el control de los recursos
materiales, financieros y humanos.
Cuando en un lugar son detectados varios o algunos de esos
problemas, el director de esa instancia incumplió lo normado en el
Capítulo 3 de la Ley de la Contraloría, que en su Artículo 16
establece de manera muy clara que el sistema de control interno en
cada organismo es responsabilidad de su máxima autoridad y de los
dirigentes a él subordinados.
Cuando la impunidad y el descontrol se apoderan de un centro de
trabajo, es porque allí también fallaron el resto de los mecanismos
administrativos, políticos y sindicales de dichas entidades, que
permitieron la pasividad y la indolencia de los responsables del
control.
Consultada acerca del tema, Dolores Pedraza Valle, Contralora
Jefa Provincial, explica que entre las causas y condiciones que
propiciaron esa situación se encuentran la inobservancia de las
disposiciones y regulaciones legales vigentes, así como la falta de
exigencia de los cuadros y funcionarios de las empresas y
establecimientos hacia sus subordinados.
Añade, además, la falta de comprensión acerca de la necesidad de
fortalecer los mecanismos de control, con el objetivo de lograr una
mejor eficiencia en el uso de los recursos, lo cual también trae
aparejado una mayor calidad en los bienes y servicios creados y
prestados.
Mencionó asimismo, la carencia de asesoramiento, supervisión y
control por los niveles superiores a las entidades, la falta de
personal capacitado en el área económica y el descontrol
administrativo y contable que no garantiza la confiabilidad de la
información.
De igual manera, la especialista expone sus consideraciones sobre
el mal uso que dan algunas entidades al auditor asignado a ese
lugar. "No siempre ese especialista realiza la función a él
asignada, porque el director lo pone a hacer cualquier cosa menos a
ejecutar auditorías para educar, advertir, prevenir, detectar y
enfrentar las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de
corrupción, que es su verdadera ocupación en una empresa", señala la
Contralora.
Significa la especialista, cómo ese funcionario debe convertirse
en el principal asesor del director, en su mano derecha; en la
persona que advierte a la máxima instancia acerca de lo que anda
bien o mal, con lo cual previene el desorden y el delito.
Sobre el tema, la Contralora General de la República, Gladys
Bejerano Portela, reflexionó recientemente en Villa Clara, acerca de
la necesidad de una mayor cultura económica de los cuadros, algo en
lo que ha insistido con fuerza el presidente cubano, General de
Ejército Raúl Castro.
Al respecto, la vicepresidenta del Consejo de Estado expresó que
toda disposición administrativa tiene una repercusión económica y
financiera, de ahí la necesidad de, antes de tomar cualquier
decisión, analizar la relación costo-beneficio, lo cual evitaría
luego hechos más desagradables vinculados al descontrol de los
recursos.
El desconocimiento de los cuadros, propicia muchas veces que se
produzcan afectaciones económicas no vinculadas precisamente al robo
o al descontrol de los recursos, sino producto de decisiones
inadecuadas como el desvío del presupuesto hacia otros fines, lo
cual también constituye un delito y un quebrantamiento de la
legalidad, acotó la también miembro del Comité Central.
Lo cierto es que, como dice el refranero popular, siempre será
mejor lavar los trapos sucios en casa, a que venga una visita a
hacerlo, lo cual se logrará cuando al frente de cada entidad
tengamos cuadros comprometidos con la Revolución y preparados desde
el punto de vista económico.