David Brooks

Hay semanas en las que uno no puede reportar desde Estados Unidos de manera racional lo que con frecuencia es, objetivamente, un mosaico de locuras. Si uno logra hacerlo, cabe sospechar que fue posible porque uno acabó convirtiéndose en un interno más del manicomio.

Entre las noticias del manicomio destaca que el Congreso ya no contempla prohibir las armas de asalto.

Desde adentro, insisten, todo tiene una explicación lógica. Pero eso a veces solo comprueba que están locos.

Por ejemplo, entre las principales noticias de los últimos días destaca el anuncio de líderes del Congreso de que ya no contemplan prohibir las armas de asalto, lo que no es nada menos que un arma de guerra, en el proyecto de ley para imponer un mayor control de armas de fuego. La razón: no hay suficiente apoyo entre los legisladores. De hecho, según una encuesta de CNN, el apoyo público a controles más estrictos sobre las armas se ha desplomado del 52 % al 43 % desde la matanza de Newtown.

El derecho de los ciudadanos a tener armas, se argumenta aquí, está garantizado por la Constitución. Desde la lógica dentro del manicomio, algunos alegan algo que suena casi revolucionario: que los ciudadanos tienen el derecho de armarse no solo para protegerse de los malos que andan por ahí, sino del propio gobierno y sus posibles abusos de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo, se constata en los intentos por quitarles las armas.

Súplicas de los padres de 20 niños asesinados en Newtown tan solo hace tres meses, así como las de una representante federal cuya carrera fue anulada por una bala en la cabeza disparada por un loco armado; el envío por las redes sociales de una de las imágenes más impactantes de esta semana —los lentes de John Lennon aún manchados de sangre— con el mensaje de su viuda Yoko Ono de que más de un millón 57 mil personas han muerto por armas de fuego en Estados Unidos desde que Lennon fue baleado y muerto el 8 de diciembre de 1980, o las estadísticas cotidianas de balaceras en Chicago con saldos de jóvenes muertos, o el hecho de que estas armas de asalto son las favoritas del crimen organizado en México y Estados Unidos: todos estos mensajes racionales y hechos a favor de imponer controles severos sobre las armas se estrellan contra la dinámica del manicomio oficial.

Me avergüenza que el Congreso no tenga la valentía para promover esto, comentó un padre de uno de los niños asesinados en la escuela primaria de Newtown hace solo tres meses.

Pero la vergüenza no parece molestar a un Congreso que cuenta con una tasa de aprobación pública de solo un 12 %. Aunque la nota principal en Washington durante los últimos años es que hay un estancamiento del proceso político, donde todo se atora —desde reformas de control de armas e inmigración hasta el presupuesto federal y más— por una supuesta polarización ideológica, otro fenómeno sugiere exactamente lo opuesto.

En los hechos es incuestionable la existencia de un consenso bipartidista sobre políticas neoliberales que han generado el mayor nivel de desigualdad económica desde la gran depresión y han acabado con el tan vitoreado sueño americano y, por otra parte, la construcción de un estado de seguridad nacional sin precedente que amenaza las libertades y garantías que el gobierno pretende defender, incluida la fundamental de libertad de expresión.

James Goodale, el abogado del New York Times en 1971, cuando ese rotativo tomó la decisión histórica de publicar los papeles del Pentágono, la mayor filtración de documentos secretos oficiales antes del caso de Bradley Manning y Wikileaks en la historia del país, y enfrentó al gobierno obsesionado con secretos oficiales y manipulación pública del presidente Richard Nixon, recientemente calificó el manejo de información clasificada y libertad de prensa del presidente Barack Obama de antediluviano, conservador, retrógrado; peor que Nixon, en una entrevista con la Columbia Journalism Review.

En otras partes del manicomio también había noticias esta semana. Nada más por mencionar unas cuantas: según el Financial Times, la empresa Halliburton, que encabezaba el ex vicepresidente Dick Cheney, antes de la guerra contra Iraq, obtuvo contratos por 39 mil 500 millones de dólares para servicios a la invasión estadounidense; el negocio de la sangre paga bien. Por otra parte, Obama, quien dice estar comprometido con enfrentar el cambio climático, nombró como próximo secretario de Energía a Ernest Moniz, científico nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien encabezó un programa de investigación financiado por las grandes empresas energéticas y también fue asesor o integrante de juntas directivas de varias de estas, incluida BP, la responsable de uno de los peores desastres ecológicos en el Golfo de México.

A la vez, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, acaba de anunciar que cerrará aproximadamente 80 escuelas públicas para enfrentar un déficit presupuestal. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington, Baltimore y Detroit. Sin embargo, en esas mismas ciudades sí hay fondos para abrir decenas de nuevas escuelas chárter que son públicamente subsidiadas pero administradas de manera privada, o sea, un esfuerzo por privatizar el sistema público y destruir los sindicatos del magisterio.

En este clima de austeridad también hay fondos para construir más prisiones. El gobierno federal y los estatales gastan unos 70 mil millones de dólares anuales en el sistema penitenciario, los estados gastan casi lo mismo en cárceles que en universidades. Esto en el país más encarcelado del mundo, tanto en números absolutos como en el porcentaje de su población. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles reporta que eso se traduce en que uno de cada 99 habitantes está encarcelado. Con el 5 % de la población mundial, Estados Unidos cuenta con el 25 % de la población encarcelada del planeta.