David Brooks

Estados Unidos se congratula de impartir justicia de manera imparcial y transparente donde todos, sin importar origen ni poder, están sujetos al estado de derecho. Aquí hay justicia igualitaria para todos, como dice una de las frases de los juramentos patrióticos escolares.

Lo que nadie pregunta, tal vez porque la respuesta es obvia, es si el presidente o su gobierno pueden ordenar el asesinato de cualquier extranjero en cualquier parte del mundo.

Claro, aceptan que no es perfecto. Se lamenta que es el país más encarcelado del mundo (más de 2 millones de reos), que hay una disparidad racial obvia en quien está detrás de las rejas del sistema penal, que a veces hay corrupción y que ha habido muchos inocentes encerrados, y tal vez hasta ejecutados.

De hecho, Innocence Project, organización nacional de litigio y políticas públicas, registra que desde 1989 se ha exculpado a 303 reos al aplicar pruebas de ADN que comprueban su inocencia (después de que pasaron en promedio 14 años tras las rejas). De estos, 18 estaban en la fila de la muerte para ser ejecutados.

Pero durante la última semana se demostró que el sistema de justicia tiene nuevos problemas, algunos de los cuales ponen en duda eso de un estado de derecho.

Para empezar, el procurador general Eric Holder, quien encabeza el Departamento de Justicia, admitió ante un comité del Senado que hay entes tan poderosos que no pueden ser fiscalizados por sus delitos.

En este caso el delincuente es el banco trasnacional HSBC, que aceptó ser responsable de lavado de dinero procedente de cárteles de narcotráfico mexicanos y colombianos, así como de manejar fondos de regímenes y organizaciones calificados oficialmente de terroristas.

Cuando el senador republicano Charles Grassley preguntó a Holder por qué el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos criminales contra HSBC y sus ejecutivos, el procurador, sin mencionar por nombre al banco, respondió: me preocupa que el tamaño de algunas de estas instituciones llega a ser tan grande que se vuelve difícil para nosotros fiscalizarlos cuando nos golpean indicaciones de que si procedemos a presentar cargos criminales eso tendrá un impacto negativo en la economía nacional, incluso en la mundial. El banco aceptó pagar una multa de mil 900 millones de dólares sin que ninguno de sus ejecutivos fuera sometido a un juicio.

Uno espera problemas para llevar a un criminal ante la justicia cuando huye a un país hostil, pero escandaliza que el Departamento de Justicia no pueda proceder contra una actividad criminal cuando alguien simplemente entra por las puertas de un megabanco de Wall Street, comentó el senador demócrata Sherrod Brown, reportó el Washington Post.

Robert Borosage, codirector de Campaign for America’s Future, comentó que el procurador general Holder expresó abiertamente lo que ya era evidente: el Departamento de Justicia cree que los bancos demasiado grandes para permitir su colapso son también demasiado grandes para encarcelar a sus directivos.

Por otro lado, la semana pasada ocurrió otro intercambio que provocó dudas sobre dónde empieza y termina el estado de derecho. Ante una pregunta del senador republicano ultraconservador Rand Paul sobre si el presidente podía ordenar un ataque de un drone (avión no tripulado) contra un estadounidense en territorio nacional, el procurador Holder primero respondió que podría visualizar circunstancias extraordinarias donde sería necesario y apropiado emplear lo que aquí llaman fuerza letal. Las reglas y justificación legal para el uso de drones por el gobierno de Obama se mantienen como secreto oficial en este país.

Rand Paul, senador republicano de ala ultraconservadora, cuestionó desde el pleno al procurador general Eric Holder respecto de si el gobierno autoriza el uso de drones contra connacionales en territorio estadounidense, lo cual desató un intenso debate en el Congreso en días pasados. ¿Somos tan complacientes con nuestros derechos que permitiríamos a un presidente decir que podría matar a estadounidenses? A ninguna persona, a ningún político debería permitírsele... juzgar la culpabilidad de un individuo y ejecutarlo. Eso va en contra de todo lo que fundamentalmente creemos en este país, declaró Paul desde el pleno.

Poco después, ante el estallido de un debate por lo que dijo, Holder intentó modificar su afirmación y decidió enviar tal vez una de las respuestas legales oficiales más breves de la historia a Paul: "Ha llegado a mi atención que usted ha hecho una pregunta adicional. ‘¿Tiene el presidente la autoridad de usar un drone artillado para matar a un estadounidense que no participa en combate en suelo americano?’ La respuesta a esa pregunta es no".

Lo que nadie pregunta, tal vez porque la respuesta es obvia, es si el presidente o su gobierno puede ordenar el asesinato de cualquier extranjero en cualquier parte del mundo.

Mientras tanto, a pesar de los balazos en las calles de este país todos los días, que perturban la paz y orden público que se supone existen en un estado de derecho, por ley se garantiza el derecho a un arma. Mientras se debate este derecho sagrado después de la matanza de tantos niños en la primaria de Newtown en Connecticut con armas obtenidas legalmente, desde ese 14 de diciembre sangriento en este país 2 mil 574 personas más han muerto a causa de armas de fuego, según un cálculo de la revista cibernética Slate. En este contexto, fue notable la noticia de que el estado de Dakota del Sur se ha convertido en el primero de la unión en promulgar una ley que explícitamente autoriza a todo empleado escolar, incluidos maestros, a portar armas en el trabajo. Claro, para proteger a los alumnos y a sí mismos de tantos locos con tantas armas.

A todo esto le dicen estado de derecho.