QUITO.— La renovación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es irreversible luego del aval de 18 países en la Conferencia de Estados Partes concluida en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde el Presidente Rafael Correa criticó duramente ese mecanismo hemisférico.

Los 18 países miembros del Pacto de San José acordaron impulsar la modernización y cambios en los organismos para velar por la defensa de los derechos fundamentales, en un encuentro histórico al decir del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

Luego de cinco horas de debate a puerta cerrada, representantes de los Estados Parte llegaron a ocho acuerdos para mejorar el trabajo del Sistema Interamericano, al cual pertenecen la Comisión (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH.)

"Han sido coincidencias en temas, incluso muy duros, pero ha sido una reunión de enorme importancia para el futuro y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", sostuvo Patiño.

El primer acuerdo fue impulsar que todas las naciones que sean miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se adhieran al Pacto de San José, y para eso se formó una delegación de cancilleres para que conversaran directamente con esos Estados.

Este grupo estará coordinado por Ecuador, y se acordó que los miembros de la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH. representarán a los países que hayan suscrito este tratado con un equilibrio entre derechos y obligaciones de los Estados miembros.

El segundo punto se encomienda a la Comisión Interamericana fortalecer los esfuerzos de promoción de los DD.HH., mediante el apoyo a los sistemas nacionales.

Un tercer punto convoca a los países del continente a asumir plenamente el financiamiento del Sistema Interamericano de DD.HH., sobre lo cual Correa dijo que se requerían 15 millones de dólares anuales para emprender este fundamental cambio.

Patiño sostuvo que este apoyo deberá ser no condicionado ni direccionado, como lo decidieron las 18 naciones participantes.

El cuarto acuerdo propone que todas las relatorías de la CIDH sean especiales y garantizar un financiamiento equitativo para todas, sin la preferencia que tenía la de Libertad de Expresión con un millón de dólares, mientras otras tenían tan solo 50 mil dólares.

También se propondrá que se considere que la sede de la CIDH esté ubicada en un estado miembro de la Convención Interamericana de DD.HH. y Patiño aclaró que Argentina es una posibilidad que se analizará en los siguientes días.

El único tema en que no hubo consenso definitivo fue sobre la decisión de que la CIDH no dicte medidas cautelares, donde la posición de varias naciones, entre ellas Ecuador, es que esa facultad sea entregada a la Corte Interamericana.