Medio centenar de países colaboraron con un polémico programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos relacionado con secuestros, encierro y torturas de prisioneros en territorios extranjeros. Un reporte de 213 páginas de la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative (OSJI), con sede en Nueva York, da cuenta de que al menos 54 países —muchos de ellos en Europa— cooperaron con el controvertido procedimiento.

Fue amplia y prolongada la participación de gobiernos nacionales en el plan de la CIA, la Agencia no habría podido jamás operar su programa sin el apoyo de estos estados, subraya OSJI.

El informe de la ONG identifica como estados colaboradores a Suecia, Finlandia, Alemania, España, Portugal, Austria, Pakistán, Afganistán, Egipto, Jordania, Irlanda, Islandia, Canadá y Chipre, entre otros, destacan agencias y organizaciones no gubernamentales en sus páginas web.

"No cabe la menor duda de que altos funcionarios de la administración de George W. Bush son responsables por haber autorizado las violaciones de derechos humanos relacionadas con las detenciones secretas y entregas extraordinarias de personas, y la impunidad de que han disfrutado hasta la fecha sigue siendo motivo de gran preocupación", dice el informe.

"Pero la responsabilidad de estas violaciones no se agota en Estados Unidos. Las operaciones de detenciones secretas y entregas extraordinarias, elaboradas para llevarse a cabo secretamente fuera de Estados Unidos, no podrían hacerse realidad sin una participación activa de gobiernos extranjeros. Estos gobiernos también deben responder por ello".

Según la OSJI, el listado de esos estados incluye países donde existieron cárceles secretas en las que se practicaron torturas durante varios años. Otros países son acusados de haber concedido una ayuda solapada al programa al permitir el uso de su espacio aéreo y sus aeropuertos en operaciones de entrega.

Este plan de Washington se implementó después de los ataques terroristas del 9/11 en el 2001 y las nuevas revelaciones coinciden ahora con la nominación de John Brennan como director de la CIA en sustitución del general David Petraeus, quien renunció en medio de un escándalo de faldas.

Altos oficiales en la administración de George W. Bush mantienen la mayor responsabilidad por la autorización de violaciones de los derechos humanos en las instalaciones secretas patrocinadas en diferentes países, comenta el análisis de la OSJI.

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, pidió a la Casa Blanca detener cualquier decisión sobre la jefatura de la CIA hasta aclarar las circunstancias del ataque al consulado estadounidense en Libia.

Sugiero que no olvidemos la debacle de Bengasi, subrayó el congresista sureño al oponerse al proceso de confirmación de Brennan, como próximo director de la Agencia Central de Inteligencia.