El proyecto llegó al Congreso con el respaldo de 177.000 firmas
(5% del padrón electoral), tras un proceso de consultas y consensos
de organizaciones ambientalistas y académicas, así como partidos
políticos y entidades públicas.
Además de prohibir la cacería como deporte, el proyecto de ley
modifica la definición de vida silvestre con el objetivo de que
abarque todos los organismos que se ubican en los territorios
marítimos y terrestres.
También otorga recursos económicos al Sistema Nacional de Areas
de Conservación (SINAC), ente estatal encargado de administrar las
zonas protegidas del país, que abarcan cerca del 25% de la totalidad
del territorio.
Otro de los avances de la legislación es que tipifica varios
delitos contra la vida silvestre y establece sanciones penales y
civiles contra los infractores.
La ley incluye multas de hasta 1,5 millones de colones (3.000
dólares) para quienes maten animales silvestres y de 900.000 colones
(unos 2.000 dólares) para quien trafique con esas especies.
El ministro de Ambiente y Energía, René Castro, dijo en el acto
de firma que la ley es clara en cuanto a que queda absolutamente
prohibida la caza como deporte, pero conserva la caza de
subsistencia que practican las comunidades rurales, bajo condiciones
controladas.