Un tribunal guatemalteco decidió hoy que los exmilitares Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez deberán enfrentar un juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad, vinculados a la matanza de miles de indígenas durante el conflicto interno (1960-1996).

El juez del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, tomó la decisión este lunes y convocó a las partes involucradas a aportar pruebas el miércoles.

Gálvez aludió a las actas ministeriales de 142 testigos, 126 certificaciones, 84 declaraciones y 61 peritajes presentados por el ministerio Público y leyó los decretos de la Ley Constitutiva del Ejército (Decreto 28-83), como parte de un análisis de los medios de prueba.

La autoridad jurídica, que también leyó testimonios de los sobrevivientes, remarcó que el conflicto armado en Guatemala fue reconocido a nivel internacional y tuvo seguimiento por la Organización de Naciones Unidas con una Comisión Verificadora de Derechos Humanos.

La defensa de los militares solicitó un recurso de reposición al argumentar que la Fiscalía no tiene un fundamento objetivo para determinar la participación de sus clientes en la comisión de los delitos.

Sin embargo, Gálvez no dio trámite a esta solicitud por considerar que no es el procedimiento adecuado y que en la fase de este proceso "no le cabe ninguna guía impugnativa".

El exgeneral Ríos Montt salió escoltado por fuerzas de seguridad y evitó ofrecer declaraciones a periodistas, entretanto en las afueras de la Torre de Tribunales organizaciones sociales y familiares de las víctimas de la guerra civil esperaban el resultado con ceremonias mayas junto a un altar con fotos de los desaparecidos en esa contienda.

La semana pasada el fiscal Orlando López ratificó las pruebas de cargo y las acusaciones en contra de ambos.

López precisó, que aunque Ríos Montt y Rodríguez no fueron los autores materiales de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, sí tenían conocimiento de los hechos perpetrados en 1982 y 1983.

Según peritajes y exhumaciones, acotó, la mayoría de las víctimas eran niños y ancianos, personas que por edad no podían empuñar un arma, como para ser señalados como guerrilleros.

La pesquisa de la Fiscalía reveló que el plan de campaña Victoria 82 alude a que había que entregar una copia del documento al presidente y viceministro de la Defensa Nacional de entonces.

Asimismo, se expresa que hubo supervisión de las acciones cometidas durante el conflicto armado interno, ya que los comandos debían entregar un informe cada 15 días. En el plan Firmeza 83 se establece la eliminación de actores subversivos y al respecto el fiscal aclaró que cualquier ciudadano que no simpatizara con el Ejército guatemalteco era considerado enemigo interno y sería perseguido, señaló.

El fiscal también hizo referencia a la Fuerza de Tarea Gumarcaj, que operaba en Santa Cruz del Quiché (noroeste), y alcanzó la integración de mil 500 soldados de diferentes compañías, lo cual se acredita como un operativo específico para atacar al grupo ixil.