YAIMA PUIG MENESES

Agua en la tierra, en el cuerpo humano, en el de todos los seres vivos. Agua para regar los campos y que crezcan los alimentos; en la ganadería para criar el ganado; en las industrias; en el motor de un auto. Incluso, hábitos tan comunes como lavarse las manos, cepillarse los dientes y bañarse, no podrían realizarse si en el planeta dejara de existir el agua.

El agua es un recurso vital para lograr el desarrollo agrícola.

Este vital líquido es un recurso renovable, pero no infinito y que en muchos lugares del mundo se despilfarra continuamente. Si tomamos en cuenta que apenas el 3 % del agua que existe en nuestro planeta es considerada "dulce" y de ella solo el 1 % es potable, la realidad se vuelve más preocupante aún.

Cuba tampoco está exenta de este fenómeno. Por ello, desde el primer cuarto de siglo de la Revolución, se inició una férrea política de desarrollo hidráulico. La concreción de varias obras infraestructurales entre embalses, presas, canales, conductoras y otras, permitieron incrementar el agua embalsada a finales de la década de los años ochenta, de los 40 millones de metros cúbicos con que contábamos en 1959, a más de 9 000 millones.

La crítica situación en que se encuentra la mayoría de nuestras redes hidráulicas provoca la pérdida de unos 1 500 millones de metros cúbicos de agua anualmente, cifra superior a la capacidad de la presa Zaza, la mayor del territorio nacional.

Poco después, el amplio programa inversionista diseñado para aprovechar el agua proveniente de la Sierra Maestra, el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa y la Sierra Escambray mediante un gigantesco sistema nacional que permitiera trasvasar agua al menos entre las provincias del Oriente y Centro de la Isla, tuvo que ser paralizado al iniciarse la difícil etapa del periodo especial.

La severa y prolongada sequía que afectó a Cuba a finales del 2004 ocasionando grandes pérdidas para las provincias orientales y Camagüey, detonó otra vez el indicador de que por muy costoso que pudiera parecer el Plan estratégico de las obras de los trasvases, concretarlo sería una garantía para que el país dispusiera de agua en este siglo bajo cualquier circunstancia.

Recientemente nuestro pueblo conoció sobre la culminación del segundo tramo del Trasvase Este-Oeste, una magistral obra de ingeniería hidráulica que llevará el agua desde los ríos que nacen en el macizo montañoso de Nipe-Sagua-Baracoa a las fértiles llanuras del norte de Holguín, Las Tunas, así como el norte y el centro del Valle del Cauto. En su curso el agua podrá ser aprovechada para satisfacer necesidades de suministro a la población, en los sistemas de riego de la agricultura, en la ganadería, la generación de energía eléctrica, la acuicultura y más.

No obstante, el incremento de salideros de agua potable en las viviendas, en las calles, su empleo irracional en la siembra y riego de los campos, la existencia de canales y embalses en desuso, son algunas de las situaciones más comunes en la actualidad y que se han convertido en un continuo desafío.

La crítica situación en que se encuentra la mayoría de nuestras redes hidráulicas —muchas de ellas con más de un siglo de explotación—, provoca la pérdida de unos 1 500 millones de metros cúbicos de agua anualmente, cifra que representa más del 50 % de la que se bombea y superior a la capacidad de la presa Zaza, la mayor del territorio nacional. En este sentido, es la actividad agrícola la de mayor incidencia, pues a ella corresponde el 60 % del consumo nacional.

Ante esta realidad, el Estado cubano continúa tras la búsqueda de alternativas que nos permitan disponer del agua que necesitamos para las más disímiles actividades, pero también de forma racional y eficiente. A ello precisamente responde la Política Nacional del Agua aprobada en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, en correspondencia con los Lineamientos del 300 al 303 —vinculados directamente con los recursos hidráulicos—, refrendados por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Esta nueva política ha sido concebida con un enfoque económico y la prerrogativa de que todos los usuarios del agua, no solo el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), deben adoptar estrategias racionales para su utilización.

Según explicó a Granma Inés María Chapman Waugh, presidenta del INRH, la política está encaminada a lograr un uso racional y productivo del vital líquido; al empleo eficiente de la infraestructura construida y a contrarrestar los riesgos asociados a la calidad del agua y a eventos extremos del clima.

Asimismo, se han trazado 22 principios básicos con los cuales se persigue, fundamentalmente, que la distribución y consumo de este preciado líquido tenga cada vez más calidad y esté acorde con la actualización del modelo económico cubano. Entre otras medidas se prevé además, aplicar una nueva tarifa para el cobro del suministro del agua sin subsidios para el sector estatal, lo cual debe contribuir al ahorro.

En la medida en que se eliminen las deficiencias que persisten en el abasto de agua a la población y que las condiciones económicas lo permitan, los proyectos se encaminarán a que también la población abone la tarifa correspondiente por su consumo. Aun así, el Estado seguirá sufragando las inversiones y depreciación de obras hidráulicas que posibiliten el acceso a servicios básicos y condiciones seguras de la población y la sociedad en general.

Dadas las actuales circunstancias de cambio climático y deterioro de las fuentes de agua potable, resulta vital entonces, "echar mano" también a las más variadas soluciones e ideas que permitan aprovechar mejor cada gota.

Por ejemplo, retomar los aljibes y la recolección de agua de lluvia —desarrollado sobre todo en áreas rurales— para uso doméstico, comunitario e incluso industrial en diferentes actividades, promovería un empleo más eficiente. Muy pocos aplican en la actualidad estas técnicas y hay quienes ni siquiera las conocen, aunque nuestros abuelos y abuelas las utilizaban cotidianamente hace no tantos años.