Ileana Sorolla Fernández

El tema migratorio es, probablemente, el más antiguo dentro de la evolución del conflicto bilateral Estados Unidos-Cuba después de 1959. Desde el propio 1 de enero de ese año, la política migratoria hacia Cuba fue convertida por el gobierno de Estados Unidos en instrumento de su política hostil, utilizado para promover la desestabilización interna del país y desacreditar el proceso revolucionario cubano.

Estados Unidos inserta el tratamiento del tema migratorio con Cuba en el esquema de la Guerra Fría, que sigue el modelo descrito como efecto de la "olla de presión". Se ha aplicado mediante una política inmigratoria de puertas abiertas, que se inicia el 1 de enero de 1959 con la recepción incondicional de una emigración comprometida con el régimen batistiano y con los intereses estadounidenses en Cuba, y se amplía en años posteriores con leyes y regulaciones que admiten de manera prácticamente expedita a las personas de origen cubano que arriban a territorio estadounidense por vías ilegales.

Tanto el proceso migratorio Cuba-Estados Unidos, como los inmigrantes cubanos en ese país, se convierten desde entonces en objetivos de la política estadounidense, aprovechando la composición socioclasista y motivacional predominante en esa emigración temprana.

Las normativas jurídicas que la sustentan, se basan fundamentalmente en la "Ley para ajustar el status de los refugiados cubanos a la de residentes permanentes legales de Estados Unidos y para otros fines", Ley Pública 89-732 (HR. 15183), conocida como Ley de Ajuste Cubano, del 2 de noviembre de 1966, que aun está vigente, y se ha ido complementando a través de otras leyes, decisiones ejecutivas, disposiciones administrativas y judiciales. Por esta vía se ha ido ampliando el alcance de la Ley de Ajuste Cubano y articulando el complejo entramado jurídico de la actual política migratoria hacia Cuba.

Como argumento adicional, en 1996 se promulga el Acta de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley Pública 104-114), conocida como Ley LIBERTAD o Ley Helms-Burton, con medidas que recrudecen el bloqueo y establece con carácter de ley las condiciones de un pretendido cambio de sistema político-económico en Cuba, como "transición hacia un gobierno democrático". En ese mismo año, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (Ley Pública 104-208), dispone que la revocación de la Ley de Ajuste Cubano estaría condicionada al establecimiento de un gobierno "electo democráticamente", según los patrones de la Ley Helms-Burton.

Esta política ha contado con el apoyo y fomento de los representantes y organizaciones contrarrevolucionarias de origen cubano en Estados Unidos, que acceden a los mecanismos del sistema político de ese país, sustentados por el poder económico y mediático de los sectores extremistas, con el fin de presionar a favor de los cursos más agresivos de política hacia Cuba, aun contra los intereses de los inmigrantes cubanos que supuestamente representan y de otros sectores de la sociedad estadounidense, interesados en la normalización de las relaciones.

El modelo de la "olla de presión" incorpora, bajo un enfoque integral, elementos políticos, jurídicos, económicos, sociopsicológicos y comunicacionales. Las regulaciones migratorias estadounidenses, cuyo efecto es la tolerancia y el estímulo a la emigración irregular, se combinan con la obstrucción de la migración legal y ordenada mediante la manipulación de la política de otorgamiento de visados, en un escenario de intensificación sistemática del bloqueo económico-comercial para provocar la asfixia económica del país, el desgaste de la población y la erosión de su confianza en la Revolución.

Se acompaña de los medios de comunicación que diseminan mensajes para fomentar el descontento y estimular desórdenes sociales que propicien los llamados éxodos masivos, catalogados como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La interrupción del flujo migratorio bilateral se convierte en un fenómeno cíclico, que se inicia con la prohibición por el gobierno de Estados Unidos de los viajes de sus ciudadanos a Cuba a inicios de los 60 y con la manipulación del otorgamiento de visados para los cubanos. Esta política ha provocado situaciones de crisis migratorias en 1965 (Camarioca), 1980 (Mariel) y 1994 (la llamada "Crisis de los balseros"). Como resultado, para finales del siglo XX se instaura, junto al problema de la emigración irregular, el tráfico ilícito de migrantes, complejizando la relación migratoria entre ambos países.

La migración irregular hacia Estados Unidos adquiere por demás desde 1959 dos modalidades poco referidas desde el ángulo migratorio: los intentos de emigración mediante la violación del perímetro fronterizo de la ilegal Base Naval de Guantánamo y mediante acciones violentas de piratería aérea y naval con pasajeros a bordo, que ponen en riesgo la vida de los migrantes y personas inocentes.

Estados Unidos intenta presentar a Cuba como responsable de este problema y encubrir el papel de su política migratoria, de la Ley de Ajuste y la política de pies secos/pies mojados, como los reales obstáculos para la normalización del flujo migratorio entre ambos países.

La acción de la Ley de Ajuste en particular, desde su origen obstaculiza cualquier avance en el proceso de conversaciones para regular la migración de forma ordenada, regular y segura y resulta por demás una paradoja legal y un anacronismo político, a partir de la consideración del estado del debate sobre la migración en el propio Estados Unidos.

Cuando se observa el escenario político de los Estados Unidos, se pone en evidencia que la Ley de Ajuste Cubano se ubica contracorriente de los principales problemas migratorios que movilizan la opinión pública y las agrupaciones sociales y políticas de ese país después de los hechos del 11 de septiembre del 2001: la seguridad fronteriza, que ha sido una prioridad del reordenamiento del sistema de seguridad interna en ese país, y la reforma de la legislación inmigratoria, para encontrar solución a una inmigración irregular, que se estima puede llegar a superar los influjos de inmigrantes legales.

Mientras el debate en torno a la reforma inmigratoria se dilata a nivel federal, desde el año 2008 los estados de la Unión han aprobado más de 200 leyes dirigidas a desestimular la inmigración irregular con medidas contra el empleo de indocumentados y la restricción de su acceso a las ayudas sociales.