ASUNCIÓN, 8 de enero.— El fiscal paraguayo Jalil Rachid, quien tiene a su cargo la investigación del sangriento desalojo de junio pasado en Curuguaty, admitió públicamente que la acusación contra 14 campesinos, dos de ellos menores de edad, como presuntos responsables de la matanza, se realizó sin escuchar las declaraciones de los campesinos.

Rachid, recusado sin éxito por la defensa debido a su relación personal con la familia del latifundista propietario del terreno donde murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo, sorprendió al alegar que los labriegos no se presentaron a declarar por riesgo para sus vidas.