La historia parlamentaria de Cuba nació al unísono con el clamor independentista, cuando en la manigua se integraron todas las fuerzas insurgentes de la Isla en un gobierno único, cuya primera decisión fue decretar la igualdad de todos los hombres en nuestra tierra, hasta ese instante colonizada por el imperio esclavista español.

El 16 de abril de 1869, en un humilde poblado llamado Guáimaro en el oriente del pais, iniciaba la Cámara de Representantes (parlamento mambí) su obra legislativa, compuesta por una pléyade de patriotas como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, José Joaquín Palma, Eduardo Machado, Antonio Zambrana y otros, quienes dedicaron sus esfuerzos a dotar a la contienda emancipadora de una estructura institucional, fijando los principios de la política de la guerra y las bases democráticas de la República en Armas, con garantías para las libertades y los derechos esenciales del hombre.

En las dos guerras de independencia protagonizadas por nuestros mambises (1868-1878 y 1895-1898), esta actitud de respeto a las instituciones —aun en medio de los cruentos combates—, estará siempre presente.

Ello lo denota el hecho de que durante ese tiempo se hayan proclamado cuatro constituciones, tres de ellas en poblados de la provincia camagüeyana (la de Guáimaro, en 1869; la de Jimaguayú, en 1895; la de La Yaya en 1897) asentarían iguales principios, aunque cada una con más amplitud y adecuada a los acontecimientos y tendencias de la época, en cuanto a declarar la lucha revolucionaria como única vía para lograr la absoluta independencia e instaurar una república soberana.

La otra fue adoptada en los angustiosos días del mes de marzo de 1878, luego de la viril actitud del General Antonio Maceo en su enérgica Protesta de Baraguá ante el carácter capitulador del Pacto del Zanjón. Esta Constitución, conocida por el nombre de Baraguá, daba fundamento jurídico a la esencia misma de la histórica protesta, al plantear que la paz solo se podría hacer sobre las bases de la independencia.

La intervención norteamericana en el conflicto hispano-cubano, despojó a los mambises de su merecida victoria conquistada al filo del machete en las maniguales llamas, como acto filibustero de nuevo tipo, propio del imperialismo norteamericano emergente.

El 20 de mayo de 1902 le es concedida a Cuba la independencia formal con una enmienda constitucional impuesta por el Congreso Norteamericano (la Enmienda Platt ), que entre otras cosas confería a Estados Unidos el derecho de intervenir en su territorio cuando le viniera en ganas y con una base naval yanki.

El sarcasmo de aquella república no podía ser mayor. Estados Unidos se arrogaba el derecho a intervenir y obligaba al Gobierno de la isla a consultar las principales decisiones, mientras la Constitución puesta en vigor por la orden 181 del gobernador militar yanki en 1901, decía en su primer artículo que:

"El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano y adopta como forma de gobierno la República".

Y, en su artículo 43, planteaba:

"Que la soberanía reside en el pueblo de Cuba y de este dimanan todos los poderes públicos".

En medio de esas ficciones, fue constituido el Congreso con el Senado y la Cámara de Representantes; quedó elegido el Presidente de la República y se creó el andamiaje de la neocolonia.

Pero la República nacía frustrada. Los privilegios de casta y riqueza desnaturalizaron todos los anhelos de Céspedes, Agramonte, Gómez, Maceo y José Martí, el más avanzado y capaz de los libertadores, organizador y guía de la guerra libertadora de 1895. Surgieron partidos políticos corrompidos, se constituyó una policía de delación y un ejército de opresión que encontraron en el gobierno norteamericano un eficaz proveedor de fondos y armamentos para reprimir al pueblo; se instituyó un poder judicial dedicado a servir al mejor postor; proliferó una prensa servil.

Muestra inequívoca de ello es el hecho de que aquel primer congreso republicano, como primer decreto, autorizó al ejecutivo para contratar un empréstito de 35 millones de pesos que se destinarían al pago de los veteranos del Ejército Libertador. La codicia montó enseguida una monstruosa maquinaria de expoliación y usura; solo la mitad de aquellos fondos se destinarían a esos fines, el resto enriquecería las arcas de aquella plaga de flamantes politiqueros del garrote.

La corrupción llegó a un clímax inimaginable. El latrocinio, la exacción, el fraude y la estafa, fueron como el pan nuestro de cada día en aquel mundo gansteril que surgió con la República misma, desde Estrada Palma en 1902, hasta Fulgencio Batista, en 1958.

Los políticos, lo mismo senadores que representantes, conocidos despectivamente como "manengues", fueron comprados a través de la participación en contratos, en la lotería o en jugosos negocios como la proliferación de la cadena hotelera que pretendía instaurar la mafia norteamericana en la capital de la Isla, siendo copartícipes en la responsabilidad criminal de las devastadoras dictaduras que enlutaron a miles de hogares cubanos con sus brutales métodos.

Entre los sucesos significativos que sobresalieron en ese medio siglo, se debe mencionar la acción renovadora de los líderes revolucionarios Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena, y la digna actitud revolucionaria de Antonio Guiteras en la década del treinta, después de la victoria popular que dio al traste con la sangrienta tiranía de Gerardo Machado, Guiteras, al frente del Ministerio de Gobernación, en un intento por redimir la hombradía de los que cayeron en el combate independentista, decretó las medidas más radicales de esa seudorrepública, entre ellas, la nacionalización de empresas monopolistas norteamericanas.

El apoyo yanki al archicriminal Fulgencio Batista, en contubernio con los partidos políticos, tronchó aquellas hermosas páginas de dignidad. Pronto Guiteras quedó desplazado, fueron restituidas las propiedades norteamericanas y los sicarios montaron una persecución implacable hasta cercenar la vida de aquel revolucionario, cuando se disponía a partir hacia el extranjero para preparar la lucha armada de la nueva Revolución.

El otro acontecimiento significativo lo escenificaron entre 1939 y 1940 los pocos representantes progresistas de la Asamblea Constituyente que obligaron a los restantes representantes a adoptar una Constitución que en su letra significó un paso de avance, pero que de los textos no pasó nunca; para cumplir sus preceptos hacía falta una Revolución, una carga al machete, como pedía el poeta y destacado revolucionario Rubén Martínez Villena, para acabar con los bribones.

Esa fue la que comenzó en 1953, bajo la suprema jefatura de Fidel Castro, en el Moncada, continuó con el desembarco del yate Granma en 1956 y triunfó después de una heroica y abnegada lucha en los campos y ciudades en la aurora del Primero de Enero de 1959.

La institucionalización de la Revolución comenzó desde el mismo momento en que se desbarató todo el sistema de la seudorrepública, aun cuando el Gobierno Revolucionario cumpliera funciones con cierto grado de provisionalidad durante sus primeros 15 años de existencia.

Como explicó el compañero Fidel Castro en el Primer Congreso del Partido:

"La Revolución no se apresuró en dotar al país de formas estatales definitivas. No se trataba simplemente de cubrir un expediente sino de crear instituciones sólidas, bien meditadas y duraderas que respondieran a las realidades del país".

Esos años (1959 a 1975) se caracterizaron por una situación de cambios revolucionarios profundos, radicales y acelerados, donde también fue preciso enfrentar las sucesivas y cada vez más violentas agresiones por parte del imperialismo y de la contrarrevolución interna.

Para desenvolverse en esta coyuntura y encarar las tareas del momento, se requería de un aparato estatal ágil, operativo y eficaz, que ejerciera la representación del pueblo trabajador y que pudiese tomar decisiones rápidas, sin muchas dilaciones.

El Gobierno Revolucionario al concentrar en sí las facultades legislativas, ejecutivas y administrativas, cumplió adecuadamente sus funciones en toda la primera fase de lucha por la supervivencia: dictó las leyes revolucionarias, expropió a los explotadores, desarrolló básicas mutaciones sociales y llevó a cabo con éxito la lucha política frente a las agresiones externas e internas. Apoyado masivamente por el pueblo, el Gobierno Revolucionario impulsó en este periodo vastas y hondas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales en la vida cubana.

Es incuestionable que no hay posiblemente otro caso en la historia, en que la dirección de una revolución haya contado con un apoyo tan efectivo y total del pueblo, con una confianza y un entusiasmo revolucionario inagotables e incesantes por parte de la población, con una unidad tan completa como la que ha ofrecido el pueblo cubano a sus dirigentes y, especialmente, a su líder, el Comandante en Jefe Fidel Castro.

En 1974, el Gobierno tomo la decisión de llevar a cabo en la provincia de Matanzas, en el occidente de la Isla, una experiencia sobre el establecimiento de los órganos del Poder Popular en las localidades.

Esta experiencia tuvo por objetivo confirmar toda una serie de criterios referidos a formas metodológicas para el mejor funcionamiento de las instituciones representativas del Estado, así como sobre cuestiones demográficas, territoriales y, entre otras relaciones, las relaciones administrativas y empresariales.

Desde el comienzo de su aplicación, se pudo observar una activísima participación de la ciudadanía en las tareas del gobierno local y en el control de la administración, así como en la búsqueda de soluciones para los problemas que más gravitaban sobre la colectividad.

Los frutos de aquella experiencia se materializaron en las decisiones adoptadas para vertebrar todo el sistema de instituciones representativas estatales que culminó con la creación de los Órganos del Poder Popular en los 169 municipios y las 14 provincias en que se divide el país.

El 10 y el 17 de octubre de 1976, en primera y segunda vueltas electorales, el 95,2 % de todos los cubanos mayores de 16 años, mediante voto secreto y directo en las urnas, eligieron de entre más de 30 mil candidatos a los 10 mil 725 delegados a las 169 asambleas municipales del Poder Popular.