Los empleados del suburbano aprobaron la víspera en una asamblea secundar dos jornadas de huelga de 24 horas este viernes y mañana, así como el inicio de paros parciales, de duración indefinida, a partir del 17 de enero, anunciaron las principales centrales obreras.

Para afrontar la protesta convocada por el comité de empresa de Metro, la compañía estableció para hoy unos servicios mínimos del 37 por ciento del número de trenes habituales.

La medida de fuerza en el subterráneo madrileño coincide con otra similar de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), cuyos operarios paralizarán sus labores, además de hoy, los días 11, 17 y 23 de este mes.

El cese de la actividad en el transporte público de autobuses será de dos horas y se realizará en los turnos matutinos y nocturnos, según explicó el portavoz de la Unión General de Trabajadores en la compañía, Juan José Castañeda.

Para afrontar la protesta convocada por el comité de empresa de Metro, la compañía estableció para hoy unos servicios mínimos del 37 por ciento del número de trenes que habitualmente circulan por la red metropolitana.

En el caso de la EMT funcionará el 40 por ciento de la dotación habitual de los vehículos en aquellas líneas cuyos itinerarios concurran con la red de Metro y el 50 por ciento de la flota habitual en los recorridos no coincidentes con el suburbano.

Las secciones sindicales del subterráneo y de la EMT critican la reducción salarial, la supresión de la paga de Navidad, los recortes en los complementos de baja por enfermedad y el aumento de las tarifas a los usuarios en mayo (11 por ciento) y septiembre (dos por ciento).

La huelga también obedece a los recortes sociales y laborales impuestos por los gobiernos regional y central, ambos administrados por el derechista Partido Popular, medidas que incidirán en una peor calidad del servicio, según denunciaron.

Estas nuevas movilizaciones suceden a las 12 jornadas de paros parciales que protagonizaron en diciembre último los operarios del Metro y a las siete que llevaron a cabo entre el 17 de septiembre y el 29 de octubre del año recién concluido.

La coalición Izquierda Unida (IU) reclamó hoy al Defensor del Pueblo que recurra, por inconstitucional, la decisión de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña de imponer el pago de un euro por receta médica prescrita.

En nombre de IU, el diputado Gaspar Llamazares registró este viernes en la oficina de la Defensora del Pueblo una solicitud formal para que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la implantación de la controvertida tasa.

Tras presentar la demanda, el también portavoz de IU en la comisión de Sanidad del Parlamento español denunció que el euro por receta, lejos de ser una medida disuasoria, es un impuesto recaudatorio y expropiatorio.

Llamazares, quien instó a la paralización inmediata de esa normativa, afirmó que la misma constituye una discriminación inaceptable entre los ciudadanos de este país europeo y afectará, sobre todo, a los enfermos crónicos, pues serán quienes más paguen.

A su juicio, la polémica tasa, vigente desde el pasado miércoles en Madrid y que comenzó a aplicarse en junio último en Cataluña, vulnera la igualdad de los españoles en derechos tan fundamentales como la salud.

Se trata de una medida prevaricadora por parte de las autoridades de ambos territorios autonómicos, que la han aplicado a sabiendas de que es una competencia del Estado, remarcó.

Explicó que el pago del euro por receta contraviene, además, la prerrogativa estatal del artículo 149 de la Constitución, relativo al acceso a las prestaciones farmacéuticas en condiciones de igualdad y la fijación de precios de los medicamentos.

Es un nuevo impuesto a la enfermedad, en particular para los pacientes con varias patologías, los crónicos y los pensionistas, insistió el diputado.

En su opinión, el gobierno conservador de Mariano Rajoy está actuando de forma ambigua en este caso, porque por un lado hace discursos muy contundentes contra la imposición del tributo madrileño, pero por otro procede con lentitud.

La misma demora que, según su criterio, tuvo el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) en el caso del euro por receta puesto en marcha por la administración catalana, que recurrió en el último momento.

La organización Facua-Consumidores en Acción llamó a la insumisión en el cumplimiento de esta medida.

Recomendó a los ciudadanos que en el momento de la dispensación del medicamento, en lugar de realizar el abono, entreguen una carta al farmacéutico con sus datos personales en la cual planteen el rechazo a la tasa y su negativa a pagarla.