SANTIAGO DE CHILE.— Un gran número de alumnos de la Universidad del Mar en Chile perderá sus estudios ante el cierre de la institución, pese a la promesa gubernamental de reubicarlos.

En entrevista con Radio Cooperativa, el vocero de la Asamblea de Federaciones de Estudiantes de la Universidad del Mar, Raúl Soto, señaló que los aranceles que tendrán que pagar los 18 mil alumnos se multiplicarán y serán imposibles de financiar, ya que la mayoría es muy pobre.

Comentó que él, por ejemplo, solventa sus estudios trabajando en un bar y como cajero en un supermercado.

En un discurso a la nación la víspera, el presidente Sebastián Piñera expresó que comprendía la incertidumbre y angustia que afecta a los miles de estudiantes, y dijo que el Gobierno buscaría la reubicación en otras instituciones de educación superior.

Sin embargo, Soto aseguró que el cambio de universidad generará una brecha económica que tendrán que asumir los estudiantes y sus familiares.

Citó el caso de jóvenes que hasta ahora pagaban 100 mil pesos mensuales (210 dólares) por un crédito interno, pero con el cambio de casa de estudio tendrán que abonar 200 mil pesos (420 dólares), número imposible para la mayoría de los alumnos.

"No es que estemos reclamando que queremos todo gratis, estamos planteando que al cambiarnos las condiciones del juego, pensando que son estudiantes pobres los que están desarrollándose en la Universidad del Mar, sí o sí esto va a generar que un gran número deje de estudiar", indicó.

El miércoles último, la Comisión Nacional de Educación decidió revocar la personalidad jurídica a esa institución, a causa de una cadena de irregularidades, entre ellas las desatadas por el llamado caso Lucro, por el cual guardan prisión preventiva el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz y el otrora rector de esa casa de estudios, Héctor Zúñiga.

Además, permanece tras las rejas Angel Maulén, exrector de la Universidad Pedro de Valdivia

Según fuentes judiciales, durante el período 2009-2011, Díaz recibió alrededor de 300 millones de pesos (unos 620 mil dólares) por concepto de pagos de asesorías realizadas a cinco universidades que buscaban el visto bueno del Ministerio de Educación para poder funcionar, entre ellas, las dos anteriores.