La crisis económica que atraviesa España, traducida en recesión y
en un elevado desempleo —más del 25 % de la población activa— están
llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de
ejecución hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida de
sus viviendas al no poder hacer frente al pago de las deudas.
Para paliar el impacto de los desalojos, el gobierno de Mariano
Rajoy se vio obligado a aprobar un decreto que paraliza por dos años
los casos que afectan a los colectivos sociales vulnerables. Dicho
decreto está siendo tramitado como ley en el Congreso de los
Diputados, pero las plataformas que aglutinan a los afectados por
los desahucios lo consideran insuficiente.
EFE reporta que desde el 2007 unas 400 mil familias han perdido
sus viviendas por no poder pagar la hipoteca.