Teresa de Fortuny

La seguridad marítima se ha convertido en una nueva área de negocio (suculenta y en expansión) para el sector privado de seguridad y defensa.

El informe Small Arms Survey 2012 afirma que actualmente un 25 % de los barcos en áreas de alto riesgo ha contratado seguridad privada. Y que, ante el despliegue en el mar de este sector, no se ha creado una regulación sobre tipos, obtención y uso de armas de fuego. Los piratas somalíes continúan usando fusiles de asalto, ametralladoras ligeras y lanzagranadas. La seguridad privada utiliza una gran variedad de armas, ametralladoras pesadas, fusiles sniper, fusiles de asalto totalmente automáticos y otras muchas. Dice también el informe que el aumento de la oposición armada en el mar ha provocado un aumento, por parte de los piratas, de la violencia y el maltrato en los secuestros. Y concluye que la presencia de agentes privados armados a bordo de los barcos que transitan por el Índico, es una bomba de relojería que podría estallar en manos de los supuestos protectores y protegidos.

También en el informe del Centre Delàs Piratería en Somalia ¿Excusa u oportunidad geopolítica? se destaca un incremento notable de la contribución de los grupos de seguridad privada en el rechazo de los ataques de los piratas. De hecho, el año 2009 dicha contribución representaba el 1,2 % del total de ataques frustrados, mientras que en el 2010 ya era el 13,3 % y en el 2011 llegaba al 49 %.

Parece que la seguridad privada está sustituyendo la tarea de rechazar los ataques que antes asumía la tripulación del barco. Pero con una diferencia sustancial: mientras que la actuación de la tripulación era poco agresiva, los grupos de seguridad privada utilizan armas de largo alcance.

Con respecto al Estado español, el Gobierno promueve y colabora en el uso de vigilancia privada a bordo. Veámoslo:

En julio del 2011 la exministra de Defensa, Carme Chacón viajaba a las Seychelles para conseguir el permiso de embarco de ametralladoras pesadas de 12,7mm en los barcos atuneros en el Índico. Y lo obtuvo. Hasta ese momento, los barcos solo podían embarcar fusiles de asalto (los más modernos de las Fuerzas Armadas) y ametralladoras de 7,62 mm, menos potentes y de menor alcance. Y los armadores de los barcos presionaron al Gobierno para conseguir armamento más potente. Las ametralladoras utilizadas por los equipos de seguridad privada pertenecen al Ministerio de Defensa y se transportan hasta las Seychelles en aviones militares.

Defensa también asume la formación de los agentes de empresas privadas y la gestión para su traslado.

Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo subvencionó el 25 % del coste de contratación de seguridad privada a bordo. Administraciones locales como el gobierno vasco o la Xunta de Galicia aportaban otro 25 % adicional.

La empresa Segur Ibérica suministra la protección armada a los atuneros españoles. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue presidente de Segur Ibérica un año y tres meses antes de ser nombrado ministro. El año 2010 la empresa era investigada por facturar horas de vigilancia supuestamente no realizadas y por utilizar trabajadores auxiliares de otras empresas para hacer tareas de vigilancia, cosa prohibida por ley.

La estafa afecta administraciones públicas como los ministerios de Hacienda, Cultura o de Política Territorial, entes provinciales, autonómicos o locales, como la Generalitat catalana, el Ayuntamiento de Barcelona, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Europea o la Universidad Complutense, organismos dependientes del Ministerio de Fomento: ADIF, RENFE, AENA, FEVE... y el museo Reina Sofía. El montante global de la estafa en dos años es de más de dos millones de euros.

Otra empresa que perseguía contratos de seguridad marítima (parece que sin conseguirlo) es Levantina de Seguridad, cuyo presidente, José Luis Roberto, es dirigente de la organización de ultraderecha España 2000. España 2000 fue denunciada por SOS Racisme por incitar al odio racial, la violencia y la discriminación en sus manifestaciones, pero el caso acabó sin condena.