Los médicos especialistas de los hospitales madrileños, que
cumplieron un mes de huelga, anunciaron hoy que continuarán en enero
sus protestas contra la privatización de la salud pública impulsada
por el gobierno madrileño.
En una asamblea celebrada en el Colegio de Médicos, los
profesionales agrupados en la Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (AFEM) decidieron una ruptura con los
responsables autonómicos de Sanidad.
Convocante del paro por tiempo indefinido iniciado el pasado 26
de noviembre y que se repite cada semana de lunes a jueves, la AFEM
precisó que esa medida se concretará en la dimisión en cadena de las
diferentes comisiones clínicas y de las Juntas Técnicas
Asistenciales, excepto en las de tumores y docencia.
Además de la medida de fuerza que protagonizan los facultativos,
los 75 mil empleados del sector sanitario de la Comunidad de Madrid
realizaron en los últimos 30 días seis jornadas de huelga y dos
grandes manifestaciones en defensa de una sanidad pública, universal
y gratuita.
Los trabajadores rechazan el Plan de Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público, incluido en los Presupuestos para 2013 del
gobierno de este territorio, administrado por el derechista Partido
Popular (PP), al frente también del Ejecutivo de España.
Dicho proyecto implica el traspaso a manos privadas de la gestión
de seis hospitales y de 27 centros de salud, así como de la
administración no sanitaria de toda la red de salud estatal.
También incluye la eliminación de 26 categorías de personal no
sanitario y el cobro de un euro por receta, entre otras impopulares
reformas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
Los seis gremios del sector denunciaron que ese plan, junto a las
cuentas para el venidero ejercicio, dinamita las condiciones
laborales.
Según sus cálculos, basados en la plantilla actual y el recorte
en el capítulo de personal de los Presupuestos, unos ocho mil
empleos pueden perderse con la privatización de la gestión y otras
medidas.
En la asamblea mantenida este miércoles, la AFEM acordó llevar a
cabo actuaciones desde el punto de vista legal, para evitar en lo
posible la proyectada privatización de los nosocomios y centros de
atención primaria.
También estudian convocar el último fin de semana de enero una
"gran marea blanca", con sanitarios llegados desde todos los puntos
de la geografía española.
Como parte de su drástico plan de austeridad para reducir el
déficit, el Gobierno central encabezado por Mariano Rajoy decretó
este año una poda de siete mil millones de euros en el ámbito de la
salud (un 10 por ciento del gasto sanitario estatal).
Esos recortes repercuten sobre las finanzas de las 17 comunidades
autónomas, que tienen transferidas las competencias en servicios
básicos tan sensibles como la salud y la educación.