Agrupaciones campesinas e indígenas de la nación guaraní, 
			manifestaron su descontento por el acuerdo gubernamental con Río 
			Tinto, firmado días atrás, pues consideran que su presencia en la 
			nación sudamericana es un peligro para el medio ambiente y la salud 
			de la población. 
			PL refiere que el temor se reforzó con la publicación de varios 
			incidentes ocurridos con la empresa en Canadá, sede del productor de 
			aluminio. 
			Así, el Ministerio de Desarrollo Sostenible del país norteño 
			aplicó una sanción por violación a la seguridad del ambiente por 
			derramar casi diez mil litros de ácido sulfúrico en un respiradero y 
			otros 1 280 en el alcantarillado. Por este delito, la multinacional 
			tuvo que pagar al Estado 270 mil dólares de multa más los costos del 
			proceso legal abierto. 
			El acuerdo del gobierno de Federico Franco con RTA por una planta 
			de aluminio de cuatro mil millones de dólares en las riberas del río 
			Paraná, había sido retardado durante el mandato del destituido 
			presidente Fernando Lugo debido a preocupaciones por el impacto 
			medioambiental de la planta, así como a cuánto pagaría la compañía 
			por electricidad de las plantas hidroeléctricas Itaipú y Yaciretá de 
			Paraguay. 
			Sin embargo, después de asumir el mando, Franco aceleró las 
			negociaciones con RTA y presionó a su nuevo ministro de Industria y 
			Comercio para que prosiguiera rápidamente con el acuerdo. Hubo 
			protestas de la sociedad civil y, como sugieren algunos analistas, 
			el tema se ha convertido en un punto unificador para buscar justicia 
			en medio de la crisis política y social en Paraguay posterior al 
			golpe.