Agrupaciones campesinas e indígenas de la nación guaraní,
manifestaron su descontento por el acuerdo gubernamental con Río
Tinto, firmado días atrás, pues consideran que su presencia en la
nación sudamericana es un peligro para el medio ambiente y la salud
de la población.
PL refiere que el temor se reforzó con la publicación de varios
incidentes ocurridos con la empresa en Canadá, sede del productor de
aluminio.
Así, el Ministerio de Desarrollo Sostenible del país norteño
aplicó una sanción por violación a la seguridad del ambiente por
derramar casi diez mil litros de ácido sulfúrico en un respiradero y
otros 1 280 en el alcantarillado. Por este delito, la multinacional
tuvo que pagar al Estado 270 mil dólares de multa más los costos del
proceso legal abierto.
El acuerdo del gobierno de Federico Franco con RTA por una planta
de aluminio de cuatro mil millones de dólares en las riberas del río
Paraná, había sido retardado durante el mandato del destituido
presidente Fernando Lugo debido a preocupaciones por el impacto
medioambiental de la planta, así como a cuánto pagaría la compañía
por electricidad de las plantas hidroeléctricas Itaipú y Yaciretá de
Paraguay.
Sin embargo, después de asumir el mando, Franco aceleró las
negociaciones con RTA y presionó a su nuevo ministro de Industria y
Comercio para que prosiguiera rápidamente con el acuerdo. Hubo
protestas de la sociedad civil y, como sugieren algunos analistas,
el tema se ha convertido en un punto unificador para buscar justicia
en medio de la crisis política y social en Paraguay posterior al
golpe.