El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que comienza un 
			segundo mandato en enero, acabó el año con una cifra récord de 
			deportaciones y la crítica de grupos pro-inmigrantes para que 
			impulse una reforma migratoria integral.
			El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) informó la semana 
			pasada que en el año fiscal 2012 deportó a 409 mil 849 personas, de 
			las cuales poco más de la mitad, el 55 por ciento, han sido 
			condenadas por delitos graves o menores.
			La cifra es mayor a la de los 396 mil 906 deportados el año 
			pasado, según el ICE que informó que los deportados incluyen a mil 
			215 condenados por homicidio, cinco mil 557 por transgresiones 
			sexuales, 40 mil 448 por delitos sobre drogas y 36 mil 166 por 
			manejar bajo la influencia del alcohol.
			Indicó que el 96 por ciento cayó dentro de la prioridad de las 
			deportaciones de personas con antecedentes penales, que es una cifra 
			récord, que se suma a los que ingresan recientemente por la 
			frontera.
			El ICE informó que no renovará contratos del criticado programa 
			287g de colaboración con dependencias policiales locales y estatales 
			y que más bien ha optado por el programa Comunidades Seguras para la 
			deportación de indocumentados en las cárceles.
			Indicó que ha emitido una nueva guía que restringe las 
			detenciones de personas involucradas en delitos menores como 
			violaciones de tráfico, para enfocarse en los criminales convictos y 
			reincidentes, entre otros.
			La legisladora de California, Lucille Roybal-Allard, calificó en 
			un comunicado los cambios como "un paso importante en la dirección 
			correcta".
			Señaló, sin embargo, que la gran mayoría de los detenidos 
			mediante Comunidades Seguras nunca han sido condenados de un delito 
			y que al menos tres mil 600 estadounidenses fueron injustamente 
			detenidos por el "fallido" programa.
			Agregó que esa situación se suma a la deportación de más de 200 
			mil padres de familia en los pasados dos años, mediante Comunidades 
			Seguras, según un informe reciente del sitio Colorlines.
			Sobre las casi 410 mil deportaciones, manifestó que es una 
			muestra de la equivocada creencia que las "deportaciones masivas" 
			son la única manera de resolver los desafíos de inmigración".
			Indicó que el 45 por ciento de los deportados nunca cometieron un 
			crimen y que las cifras recuerdan la urgencia de una reforma 
			migratoria integral.
			El director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, dijo 
			que en lugar de gastar los limitados recursos en las deportaciones, 
			es necesario que el Congreso tome acción para impulsar una ley que 
			reforma el disfuncional sistema de inmigración.
			Con respecto a la cancelación de acuerdos bajo el programa 287g, 
			afirmó que la inmigración es un tema federal, no es un asunto local, 
			porque la policía debe patrullar las calles "para prevenir el crimen 
			y no para aplicar las leyes de inmigración".