Uno de los mayores lobby en Estados Unidos, el de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) enfrenta hoy el escrutinio y la critica de muchos estadounidenses, estiman comentaristas políticos.

Encuestas, opiniones de grupos opositores a las armas y amplios sectores estadounidenses colocan a esa organización, apoyada por cuatro millones de miembros, en el ojo de la tormenta, situación que cobró fuerza tras la masacre de niños ocurrida en la ciudad de Newtown, estado de Connecticut.

Al respecto, un sondeo de opinión de The Washington Post y la cadena de noticias ABC mostró que el 52 por ciento de los estadounidenses favorece prohibir a civiles la posesión de armas semiautomáticas, contra 44 por ciento que apoya mantener la ley sin cambios.

Durante años la NRA evitó los esfuerzos para regular las armas y ampliar la capacidad de los propietarios para portarlas ocultas en las escuelas, parques, bares e iglesias, indicó el diario The New York Times.

El grupo gastó millones de dólares en anuncios políticos este año y, desde principios de 2011, invirtió 10 veces más en cabildeo que todos los grupos de control de armas combinados, según estimados.

Tras los sucesos de Newtown, la Asociación enfrenta la primera prueba real a su poder político en más de una década y sin lugar a dudas lo que haga la Casa Blanca, y el próximo Congreso, será un medidor de hasta donde llegan los conexiones de los que defienden las armas en el país.

Una acción del presidente Barack Obama, exigida por amplios sectores, es respaldada hoy por más legisladores que favorecen el derecho a portar armas, por lo que no se descarta que la NRA vea menguado su poder.

Obama no tendría que pasar los escabrosos caminos del Congreso, ya que tiene facultades para producir órdenes o nuevas normas para enfrentar el problema en espera de que el Congreso inicie el debate de nuevas regulaciones como la prohibición a los civiles de portar fusiles de asalto semiautomático.

Desde hace años el control sobre las armas es un tema espinoso, aunque desde el incidente de Arizona, el 8 de enero de 2011, donde resultó gravemente herida la legisladora Gabrielle Giffords y murieron seis personas, cobró fuerza la necesidad de poner coto a estos incidentes con regulaciones más fuertes.

La víspera, el mandatario abordó por separado con el procurador general, Eric Holder, el secretario de Educación, Arne Duncan, y la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, la situación creada por los sucesos de Newtown.