SHEYLA DELGADO GUERRA

Las transgresiones contra los bienes tangibles de nuestro sistema de telecomunicaciones, continúan. Y al tiempo que aumenta el número de infractores, se sofistican el modus operandi y las tecnologías que emplean.

En septiembre de este año se inició la investigación penal de dos casos delictivos contra nuestro sistema de telecomunicaciones, tras ser detectados por los órganos de control del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), de acuerdo con información ofrecida por la Fiscalía General de la República.

Se trata de la operación en Cuba de redes clandestinas, que trabajaban para dos entidades pertenecientes a ciudadanos cubanos residentes en el exterior, utilizando ilícitamente los canales de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), tanto en la telefonía móvil como la fija. Los fines, en ambos casos, eran netamente lucrativos.

El primero de estos expedientes está relacionado con una empresa de telecomunicaciones, propiedad de un cubano residente en Canadá, y cuya base de datos radica en Estados Unidos.

Los servicios fundamentales que oferta esa entidad son: llamadas a la mayor de las Antillas —con una tarifa de 50 centavos de dólar por minuto— o al resto del mundo; envío de mensajería corta (SMS) a nuestro país por cinco centavos de dólar, o a cualquier otro destino; y recarga de celulares y envío de remesas, estos dos últimos servicios eran exclusivamente con destino a la nación cubana.

Su propietario había establecido contacto con un amigo de la adolescencia, residente en Cuba, para crear la referida red clandestina que facilitara los servicios de su empresa.

Las funciones de ese contacto principal en nuestro país consistían en la compra de tarjetas (líneas) de teléfonos celulares, echar a andar el sistema, asegurar que no existieran interrupciones en las comunicaciones, así como hacer programas de servicio rápido. Para ello, dicho "facilitador" recibió una laptop y diez módems, además de una buena suma mensual en dólares.

Otro ciudadano —cibernético de profesión— se involucró en la red ilegal, con la "misión" de garantizar la calidad de los programas. Mientras un tercero se encargaba de reparar los módems y darles mantenimiento. Y completaba la "plantilla", el responsable de repartir el "salario" que cada miembro debía percibir mensualmente por realizar la actividad ilícita.

¿Cómo operaba la red? Con las tarjetas celulares que adquirían en el territorio nacional, registradas lógicamente a nombre de ciudadanos cubanos, utilizaba un programa para que los mensajes enviados desde el exterior hacia Cuba fueran cobrados a otra tarifa, empleando indebidamente el canal de ETECSA.

En este primer proceso hay cuatro acusados, dos de ellos están en prisión provisional.

El segundo caso utilizaba prácticamente el mismo modus operandi, pero funcionaba a través de la telefonía fija. Los fondos aquí llegaban desde otra empresa en el exterior, cuyo dueño también es un cubano que reside en España.

Esta comercializaba llamadas originadas desde otros países hacia nuestra nación, por el sistema de telefonía fija de ETECSA, de modo que "aparecieran" como llamadas nacionales.

Los contactos en Cuba del propietario de esa entidad alquilaban a este sus teléfonos fijos y, al hacerlo, no podían usarlos. Por "arrendarlos" obtenían cada mes 200 CUC.

Esos teléfonos se conectaban a una antena satelital, la cual había facilitado también la empresa en cuestión. Pero la "telaraña" no terminaba ahí. Según se ha detectado en la investigación penal, los arrendadores del servicio telefónico buscaron a otros vecinos para que hicieran lo mismo.

Así, se estaba cometiendo una violación, pues tal y como aparece explícitamente en el contrato de dicho servicio con ETECSA, las personas a quienes se les instalan teléfonos en sus viviendas no son propietarios de estos, sino titulares. Por ende, el teléfono no resulta un bien comercializable.

Hasta el momento, son nueve los acusados en este proceso judicial, y de ellos, cuatro guardan prisión provisional.

Datos suministrados por la Fiscalía revelan la participación en los hechos de un integrante de la División Habana, de ETECSA, quien suministraba información para la ilícita actividad.

Otro de los implicados trabajaba en la Dirección Informática de una institución nacional y, de manera irresponsable e ilegal, utilizaba cinco líneas de su centro laboral para tales operaciones con la empresa radicada en España, además de la cuenta en Internet que le asignó su entidad. Por la antena satelital le pagaban 500 CUC, y se le comprobaron —en total— unas 13 líneas telefónicas en función de las comunicaciones ilegales.

Entre los acusados, se encuentra —también— un trabajador informático de otra entidad laboral, quien empleaba en los negocios ilegales una cuenta de Internet de dicho centro.

REDES CON "ENREDOS"... QUE CUESTAN MILLONES

Hasta el cierre de este material, se conocía que ambas redes operaban en Cuba desde el año 2009. Cálculos estimados apuntan que, durante aproximadamente esos tres años, los perjuicios ocasionados a ETECSA —por concepto de ingresos dejados de percibir— ascienden a nada menos que ¡tres millones de dólares!

Si a esa millonaria cifra se le añaden los montos que nuestro diario ha publicado, por ilegalidades de la más diversa índole contra las telecomunicaciones en los últimos cinco años, entonces quedaría más que claro cuánto hubiera podido avanzar esta entidad en su proyección de modernizar e incrementar el patrimonio de que dispone y, sobre todo, mejorar la calidad en la prestación de servicios a la población.

Según informó la Fiscalía, los expedientes referidos estaban radicados por dos delitos: el de Actividades Eco-nómicas Ilícitas, atendiendo a que en nuestro país no se conceden licencias para tales fines. En ese caso, el Código Penal establece hasta tres años de privación de libertad para los que delinquen, o multa de hasta mil cuotas, o ambas.

Pero, al transgredir lo legislado en materia de canales de telecomunicaciones y existir una afectación económica tan elevada, se comete además, el delito de Estafa. Al respecto, el Código Penal prevé para los comisores lo siguiente: "Si por el delito el culpable obtiene un beneficio de considerable valor, o si la víctima sufre un grave perjuicio en sus bienes, o el hecho se realiza por uno o más individuos actuando como miembros de un grupo organizado, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años".

Cuando aún no ha concluido la investigación penal que realizan la Fiscalía General de la República, y los ministerios del Interior y de la Informática y las Comunicaciones, por la complejidad tecnológica y operacional que requiere el peritaje policial, las propias pruebas dan su "testimonio".

En primer lugar, existen a todas luces transgresiones en materia jurídica (actividades ilegales con la utilización indebida de canales telecomunicacionales, uso de materiales de origen ilícito, compra de tarjetas celulares a través de terceros, arrendamiento de bienes que no son comercializables, empleo con fines de lucro de recursos estatales, entre otras) y hay, además, defraudación económica a una empresa cubana por aproximadamente tres millones de dólares.

Si bien los autores principales de los delitos son cubanos residentes en el exterior, está claro que sin la participación y apoyo, desde Cuba, de los implicados no hubiera sido posible que esos negocios sucios subsistieran.

Resulta válido traer a colación el criterio de uno de los ciudadanos acusados, que alquilaba su teléfono, cuando en una de sus declaraciones expresó que arrendaba ese bien, mientras no fuera para hacer contrarrevolución.

Sería demasiado ingenuo arrendar un servicio que está registrado a su nombre, pensando que solamente podrá ser para "buenos fines". Hasta ahora, se supone que la oferta de esas llamadas era mayormente para establecer comunicación con familiares; sin embargo, tampoco pueden ignorarse los múltiples hechos que se han orquestado desde el extranjero para "alimentar", en el interior del país, toda una campaña ideológica de subversión contra la Revolución.