El necesario reacomodo ante las urgencias planteadas por el cambio climático, entre las que destaca el agotamiento progresivo de bienes tan preciados como el agua, reunió a varios expertos centroamericanos en Nicaragua.

Los asistentes al Foro Internacional: Agua en Centroamérica, realizado el 30 de noviembre, convinieron en que esa problemática reforzará los conflictos transfronterizos en la región y que su solución debe ser asumida de forma coordinada por los gobiernos.

Centroamérica abarca apenas 522 mil 760 kilómetros cuadrados de extensión, pese a lo cual confluyen en ella seis estados y una historia pródiga en controversias políticas y por cuestiones ambientales.

Sólo en 2004, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) analizó nueve diferendos relacionados con el recurso hídrico originados en cada uno de los países que forman parte de la zona central del continente.

Entre las denuncias procesadas ese año destacaron las elevadas contra la desatención estatal a la plaga hydrilla verticillata en el guatemalteco lago de Izabal, y por los efectos de la contaminación debido a derrame de cianuro en el río Lara, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.

Estos y otros casos analizados demostraron la desidia general frente a las amenazas a la integridad del ecosistema centroamericano, casi siempre causadas por las grandes transnacionales, muchas veces con la complicidad de gobiernos locales.

Políticas económicas destinadas a generar pingües ganancias en corto plazo constituyen el sustrato de gran parte de los conflictos internos y entre países en los últimos lustros, algunos de los cuales pueden agravarse, en un escenario signado por la criminalización de la protesta social.

Pero la marea es indetenible: el silencio dejó de ser opción ante el desplazamiento forzado de los indígenas, las matanzas de campesinos, y otros males derivados del impulso a los agrocombustibles, el uso recurrente de agrotóxicos, de proyectos arrasadores en la minería o de hidroeléctricas.

Esas acciones están reduciendo la disponibilidad de agua en Centroamérica, favorecida por la Madre Naturaleza con 23 cuencas principales o de primer orden, entre aguas saladas y dulces, según la Unidad de Fronteras Centroamericanas de la Universidad de Costa Rica.

Esa institución precisó que el país con más reservas compartidas es Guatemala, con 13, tres de ellas con México, cinco con Belice, dos con Honduras, una con El Salvador, una con Honduras y El Salvador, y otra con México y Belice.

Nicaragua posee los principales acuíferos de la zona y por ende, mayor capacidad para resolver los problemas de acceso al agua en el país y en sus vecinos, precisó en la cita el vicepresidente del Centro Humboldt, Víctor Campos.

Este territorio cuenta con 10 mil 33 kilómetros cuadrados de lagos y lagunas, 175 subcuencas, 21 cuencas hidrográficas, nueve humedales Ramsar, y recibe el beneficio de dos océanos, el Pacífico y el Atlántico.

No obstante, alertaron los especialistas desde 2011, la disponibilidad de agua potable es baja y media en 96 de sus 153 municipios.

Hacia 2050 estos pueden llegar a 118, por el previsible ascenso de las temperaturas en 1.6 grados centígrados y la casi segura reducción de las lluvias en 16.8 por ciento, añadieron.

Tales estadísticas, unido al hecho de que Centroamérica es una de las regiones más vulnerables ante los efectos del cambio climático, justifican la preocupación de los asistentes al foro efectuado en Managua.

Para ellos, el agotamiento progresivo del agua reforzará las tensiones en la zona, en particular cerca de sus 17 reservas transfronterizas.

Estas abarcan 36,9 por ciento de la región y en los últimos años devinieron centro de conflictos que alentaron la acción conjunta de las fuerzas críticas del estatus quo y obligaron al acercamiento entre gobiernos.

El Golfo de Fonseca, compartido por El Salvador, Honduras y Nicaragua, es uno de esos puntos claves donde quedan cuestiones por resolver para el bien común de quienes pueblan esa área y la de Centroamérica en general.

Todo esto obliga a reflexionar, pero aún más a concretar, buenas prácticas ambientales y a buscar acuerdos para el manejo sostenible en las zonas fronterizas.