YAIMA PUIG MENESES

Cifras cuantiosas ha perdido el país por la ausencia de contratos o a cuenta de contratos superficiales, mal redactados, confeccionados para "cumplir con el trámite legal" que su firma implica, que impiden la posibilidad de reclamar por incumplimientos de lo pactado, y de recibir indemnización por la pérdida o inutilidad de un producto.

Lamentablemente, entre estos avatares legales se debaten aún sectores tan determinantes para el desarrollo económico como las inversiones —nacionales o extranjeras—, el comercio exterior, la producción de alimentos y otros. ¿Causas? Disímiles ¿Perjuicios? Innumerables: inversiones constructivas que se extienden "infinitamente"; cosechas perdidas en los campos sin llegar a las mesas familiares; productos ausentes de la red comercial; piezas de repuesto inservibles¼ y así, la lista podría ser interminable.

Además de los daños económicos que puedan contabilizarse, detrás de estas deficiencias se esconde una realidad a la que muy pocas veces se le presta la debida importancia: el correcto empleo del asesoramiento jurídico. A ello se une la ignorancia de muchos directivos respecto a esa actividad, con la consecuente subestimación del verdadero papel que corresponde desempeñar a un asesor jurídico.

Reflejo de ello es el actual panorama que subsiste en torno a la especialidad: entidades que no tienen ningún tipo de asesoramiento jurídico pues lo consideran innecesario, u otras cuyas dependencias municipales o provinciales lo reciben del organismo superior de dirección —casi siempre ubicado en La Habana.

Asimismo, se subestima el trabajo del asesor jurídico; se le asignan tareas que no corresponden a sus funciones; se obvian los criterios que emiten en sus dictámenes y no participan en los órganos colegiados de dirección, lo cual implica, en ocasiones, que se adopten decisiones que contradicen lo dispuesto legalmente.

"En la práctica sucede que en algunos casos el directivo de una empresa, entidad u organismo, decide qué asesoramiento jurídico necesita y a veces, ni siquiera está dirigido al proceso más importante o prioritario de la entidad", señalaba durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros la titular de Justicia, María Esther Reus González.

Sin embargo, en cuanto al propio desempeño de los asesores también subsisten deficiencias al elaborar y redactar documentos e instrumentos jurídicos que, además de las pérdidas económicas, pueden conducir a violaciones de la Ley. De ahí la importancia de que la capacitación y actualización en cuanto a la legislación vigente sea una meta constante para estos profesionales.

La existencia del Decreto No. 138 "Normas para el trabajo de asesoramiento jurídico en las entidades estatales", vigente desde 1987, no solo organizó esta actividad de forma general, sino que además estableció las atribuciones de las unidades de asesoramiento jurídico y de los asesores, los deberes de la administración con respecto a los mismos y el papel de este tipo de asesoramiento en el control del cumplimiento de la legalidad.

No obstante, las normativas existentes —demasiado dispersas en la actualidad—, facilitan la nociva práctica de que los organismos elaboren las suyas propias lo que, en ocasiones, va mucho más allá de sus facultades y propicia la no aplicación de lo establecido legalmente. Aun cuando resulta totalmente válido buscar soluciones puntuales para situaciones específicas.

Dominar estas cuestiones —decía el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la más reciente reunión del Consejo de Ministros—, además de formar parte del proceso de institucionalización de nuestro país, permite a quienes dirigen —y no son especialistas en los temas jurídicos—, un mayor entendimiento sobre la trascendencia de esta actividad.

De su correcto desempeño dependerá también que los contratos económicos se conviertan en documentos esenciales para la gestión económica, tal y como se refrenda en el Lineamiento No. 10 aprobado por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Con el propósito de resolver esas y otras deficiencias, el Gobierno cubano sitúa en su justo papel el desempeño de esta profesión, poniendo énfasis en la obligatoriedad de contar con asesoramiento jurídico —aunque no en todos los casos ello implica establecer un asesor jurídico como parte de la plantilla del centro—; priorizar su participación en la contratación económica, el comercio exterior, la inversión extranjera, la producción de alimentos, el ordenamiento inmobiliario, entre otros; y en los casos que se requiera, ofrecer servicios especializados a determinados sectores.

No obstante, de muy poco servirán medidas y normativas actualizadas si continúa la violación que muchas veces se hace de la legalidad. De ahí la necesidad de que la capacitación y preparación sobre estos temas no sea una carrera de velocidad, sino de resistencia, no solo dirigida a los juristas, debe involucrar también a cuadros y directivos, pues a ellos corresponde apoyar y emplear —oportuna y eficazmente—, la asesoría jurídica, en aras de lograr un correcto funcionamiento de la entidad que dirigen con total apego a la legalidad.